I. INTRODUCCIÓN

A. Introducción histórica al constitucionalismo mexicano del siglo XIX

México nació como Estado soberano, libre e independiente en septiembre de 1821, después de que los pobladores de algunos de los territorios que conformaron el vasto virreinato de la Nueva España lucharan durante más de una década contra el dominio peninsular. Al igual que el resto de los países iberoamericanos que por entonces alcanzaron su independencia, lo hizo con escasísima experiencia de gobierno, frente a dos seductores y recientes modelos constitucionales, igualmente modernos pero diferentes —el republicano de los Estados Unidos (1787) y el monárquico de Francia (1791) y de España (1812)—, y de cara a un evidente y amenazador proceso de desintegración político-territorial. En estas condiciones, ¿cómo fue posible constituir al nuevo Estado? ¿de qué forma se pudo prescindir del hasta entonces inconmovible centro del poder localizado en Madrid para ubicarlo ahora en la Ciudad de México para, desde aquí, convocar y controlar a las grandes circunscripciones político-administrativas que otrora conformaran el extenso virreinato de la Nueva España y cuya tendencia secesionista era ya evidente? Al igual que el resto de los estados europeos y americanos —a excepción de la Gran Bretaña—, México se dio a la tarea de formar su propia constitución escrita. Lo singular del caso mexicano —a diferencia del resto de países que surgieron del Orbe Hispánico en América— fue que su nacimiento se realizó dentro de un orden constitucional moderno: el previsto por la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y restablecida en España y todos sus dominios en 1820.

Durante el siglo XIX, en buena parte del mundo occidental se estableció el Estado moderno, caracterizado por detentar la soberanía tanto al interior como al exterior de sus fronteras, y por la conformación de un orden político y otro jurídico previstos y regidos por un documento escrito, aprobado generalmente por una asamblea de ciudadanos, que instauró los límites al poder, la división de los poderes, el reconocimiento de unos derechos que la naturaleza le concedía a los hombres, y la supremacía de la ley frente a otras fuentes del Derecho. Este documento se denominado Constitución Política del Estado. Su concepción, elaboración, alcances, difusión y predominio en el mundo occidental fueron resultado de una de las mayores transformaciones habidas en la historia del Derecho, y corrieron paralelos a ese otro fenómeno que modificó para siempre la forma de aplicación de los derechos civiles, penales, mercantiles y procesales en todo el mundo: la codificación. Caras de una misma moneda —la construcción del orden jurídico moderno—, constitución y codificación pueden concebirse dentro de un propósito político común: fortalecer al Estado al concederle el monopolio de la creación del Derecho frente a otras instituciones y operadores que hasta entonces habían contribuido con éxito en la tarea de formular las soluciones, los criterios, los principios y las normas jurídicas con las cuales los hombres, las corporaciones, las instituciones, las sociedades y las monarquías habían resuelto sus conflictos. A su vez, la irrupción de las constituciones modernas implicó el surgimiento de la ciencia constitucional o estudio del Derecho constitucional como desprendimiento que fue del Derecho público surgido al amparo del moderno Derecho natural, junto con el Derecho de gentes. La consecuencia final de la aparición de los códigos y constituciones modernos fue la aniquilación del Ius commune europeo y la imposibilidad de continuar argumentando con fuentes jurídicas distintas de la legislación emanada tanto de la constitución como de la actividad de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los distintos estados. En este sentido, el siglo XIX ha de entenderse como el siglo del Estado constitucional, surgido a finales del siglo anterior con motivo de las revoluciones estadunidense y francesa, y asombrosamente fortalecido mediante el reconocimiento y el ejercicio del monopolio jurídico asumido.

La independencia de los países “latinoamericanos”, o, quizá sea mejor afirmar, la creación de los estados independientes latinoamericanos surgidos de las diversas divisiones administrativas, judiciales o militares establecidas por el gobierno español para sus territorios de ultramar se hizo, en consecuencia, en forma paralela al establecimiento o definición de los estados modernos europeos, e incluso antes de la creación de algunos de ellos, como Bélgica, Alemania e Italia. Esta coincidencia entre independencia de antiguas entidades administrativas, judiciales y militares y el consecuente establecimiento de modernos estados soberanos es un hecho que no ha sido destacado siempre; como tampoco el hecho inédito de que una de esas independencias se llevara a cabo dentro de la vigencia de un orden constitucional moderno. Éste fue precisamente el caso de México y el que le dota de mayor relevancia y singularidad respecto al establecimiento de los estados europeos y americanos que se formaron durante la mencionada centuria. Si los Estados Unidos de América hubieron de recurrir a la invención de una nueva forma de organización política —la república federal— y la Francia revolucionaria adoptó e impuso en la práctica un sofisticado e ingenioso marco teórico comenzado a elaborar desde la filosofía iusnaturalista, México nació bajo la responsable y adecuada vigencia del orden constitucional gaditano y con miras a establecer de inmediato su propia y particular constitución. En esto estriba el hecho fundacional fundamental de nuestra agitada y sorprendente vida constitucional, aquella que habrá de transcurrir hasta que el 5 de febrero del año 1917, en la ciudad de Querétaro, el Primer Jefe Venustiano Carranza (1859-1920) promulgue la todavía vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo primer centenario los mexicanos —sociedad y gobierno— nos aprestamos a celebrar.

Para comprender la singularidad y grandeza del caso mexicano, conviene apartarse de cómodas e inservibles interpretaciones tradicionales que en nada ayudan a entender la compleja y rica historia política e institucional de México. Como postulara Edmundo O’Gorman (1906-1995), hay que superar la visión esencialista de la historia según la cual el ser histórico que llamamos México ha existido siempre, desde los orígenes de la humanidad en el continente americano. No. Por el contrario, México (entendido como país, dejando a un lado la denominación inicial que corresponde a una ciudad asentada en un inmenso lago) como Estado independiente, soberano y con su propia denominación, nació en septiembre de 1821, concretamente el día 28 cuando se firmó su Acta de Independencia respecto de la monarquía española y como consecuencia de la disolución y desaparición del Virreinato de la Nueva España, su antecedente político inmediato. En realidad, lo que ocurrió ese día fue que la Nueva España se independizó y, como consecuencia inmediata y necesaria, nació México. De aquí que en las intenciones de quienes condujeron esta fase final de la lucha por la independencia estuviera respetar lo máximo posible el orden constitucional establecido desde 1820 para aquélla y, a partir de él, establecer en forma soberana y libre su propia y adecuada constitución política bajo la forma de una monarquía limitada, los principios fundamentales de Independencia, Religión y Unión —las Tres Garantías— y el reconocimiento de los anhelos igualitarios y de justicia social enarbolados por los insurgentes desde el levantamiento popular encabezado por el sacerdote católico Miguel Hidalgo (1753-1811) en la parroquia de Dolores, intendencia de Guanajuato, la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Esta elemental pero trascendental propuesta se ofreció a la adhesión de las más altas autoridades políticas, religiosas, militares y judiciales de los distintos territorios que entonces formaban la llamada América Septentrional, ya identificada también como la “América Mexicana”: el Reino de la Nueva España, la Presidencia-Gobernación de la Nueva Galicia, la Capitanía General de Yucatán, las Provincias Internas de Oriente y de Occidente, y la Audiencia y Capitanía General de Guatemala, todas las cuales en distintos momentos y bajo circunstancias diversas acabarían inclinando su voluntad a la decisión de formar entre todas una nueva entidad política —soberana y libre— bajo un orden constitucional moderno: el Imperio Mexicano, resultado y no mera traslación de aquella América y, menos, de un virreinato que por entonces se encontraba en un tris de disolverse en una variedad de entidades políticas diversas gracias tanto a la voluntad reformista de la monarquía española bajo la dinastía de los Borbones como a un natural impulso de autonomía regional ocasionado por la crisis provocada por la ausencia de un monarca legítimo desde que Napoleón incorporara España a su imperio en 1808. El proceso de fragmentación afectó a todo el llamado Imperio español y dio lugar al nacimiento de estados tan minúsculos como El Salvador, al rompimiento del Virreinato del Perú, a la fragmentación del Virreinato de Río de la Plata y al establecimiento de tres repúblicas en el otrora virreinato de la Nueva Granada. En cambio, en México ocurrió exactamente lo contrario. Sujeto el inmenso virreinato del septentrión americano hacia la segunda mitad del siglo XVIII a fuertes presiones tanto institucionales como sociales para que se fragmentase, y constituidos amplios territorios del mismo como unidades políticas dotadas de singular y efectiva autonomía respecto del poder central del virrey de México, la guerra de independencia iniciada por Hidalgo y continuada por Morelos (1765-1815) apenas y afectó a otras zonas que no fueran parte del otrora “Reino de la Nueva España”, constituido entonces por las intendencias de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato, principalmente. El posterior establecimiento de un Imperio Mexicano, formado por los territorios de esas y otras intendencias, capitanías generales, provincias internas y audiencias, fue lo que salvó a la Nueva España en su conjunto de la tendencia hacia la fragmentación política. Único caso en América, donde la monarquía sirvió no sólo para contener la dispersión, sino para construir un Estado independiente de casi cuatro y medio millones de kilómetros cuadrados. Si en los Estados Unidos la república federal sirvió para unir a colonias independientes entre sí, en México el imperio de Agustín de Iturbide (1783-1824) salvó la unidad territorial amenazada por fuerzas centrífugas que sí triunfaron en el resto de la hoy llamada América Latina. En efecto, a veces se olvida —o se desconoce— que lo que llamamos “independencia de México” en realidad fue el resultado de la suma de varias declaraciones de independencia que se dieron en fechas y lugares diversos, en forma autónoma y previa a su adhesión al Imperio Mexicano establecido el 28 de septiembre de 1821: las declaraciones de independencia de la Nueva Galicia a cargo del brigadier español Pedro Celestino Negrete (1777-1846); de la Comandancia de las Provincias Internas de Occidente bajo el liderazgo de su comandante Alejo García Conde (1751-1826); de la Comandancia de las Provincias de Oriente por parte de su comandante, el brigadier español Joaquín de Arredondo (1768-1837); de la Capitanía General de Yucatán, con su capitán general Juan María Echeverri —también español— a la cabeza, y la de Guatemala, declarada por su propio capitán general, de origen vasco, Gabino Gaínza (1753-1829). Estos cinco componentes territoriales, dotados o en ejercicio de facto de una gran autonomía política y administrativa, fueron los que concurrieron con el “Reino de la Nueva España” a la conformación del Imperio Mexicano; es decir, del nuevo Estado mexicano independiente. Iturbide únicamente había conseguido declarar la independencia del último, y convocado a los demás territorios a formar parte de la constitución del nuevo Estado bajo los principios proclamados en el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, ratificados en buena medida en los Tratados de Córdoba suscritos por el propio Iturbide y el último Jefe Político Superior de la Nueva España, Juan O’Donojú (1762-1821), el 24 de agosto del mismo año.

Este proceso, inteligente y pacífico, tuvo como base fundamental la vigencia provisional de la Constitución de Cádiz, del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, que deben considerarse en su conjunto como la primera constitución del México independiente, al margen de esa otra que desde Apatzingán rigió efímeramente en algunas zonas dominadas por los insurgentes de la Tierra Caliente, tanto michoacana como de la intendencia de México, entre 1814 y 1818. En el pasado más inmediato, la primera había regido por disposición de las Cortes españolas en toda la Nueva España y en las distintas entidades políticas que integraban el inmenso Virreinato; más atrás aún, la vieja “constitución novohispana”, la que definiera y estudiara Toribio Esquivel Obregón (1864-1946), ni escrita, ni moderna, pero sí efectiva y moldeada según las circunstancias del vasto y complejo territorio novohispano, quedó definitivamente “derogada”.

Una vez consumada la independencia y formado el Imperio Mexicano, el proceso para darse una constitución propia dio comienzo bajo una doble posibilidad y una doble orientación: las posibilidades estaban determinadas por el respeto a la constitución histórica de la Nueva España o por la adopción del nuevo modelo de organización política propuesto por las constituciones estadunidense y francesa que arrancaron de raíz las tradicionales instituciones del Antiguo Régimen existentes en los Estados Unidos o en Francia; mientras que la orientación se debatió entre la forma establecida por los tres documentos antedichos, es decir, la monarquía constitucional o por una constitución republicana. En el fondo, la alternativa que se presentaría sería el peso de la historia o el triunfo del ideal político moderno.

El debate entre constitución histórica —otros la han llamado constitución real— y constitución “de los modernos” se había ya presentado en las Cortes de Cádiz, pero se intensificó aún más con motivo de la urgencia de contar con una constitución propia. Si Iturbide propuso en Iguala la monarquía constitucional fue para conciliar dos maneras de entender la realidad política de su tiempo y las nuevas circunstancias surgidas de la crisis de la monarquía española y del surgimiento del ideal independentista: si por un lado entendió que la monarquía era la forma más ad hoc para el nuevo Estado dada la persistencia de la vigencia de un orden monárquico durante siglos, a la vez hubo de aceptar los principios fundamentales derivados de la modernidad política según los cuales dicha monarquía no podría continuar siendo absoluta sino limitada por un texto constitucional que delimitara al poder, lo dividiera y reconociera los derechos del hombre y del ciudadano. De aquí la redacción del artículo 3 del Plan de Iguala: “Su gobierno será Monarquía moderada con arreglo á la Constitución”; o, en la otra versión del mismo: “Gobierno monárquico templado por una constitución”. Disposiciones que remiten, además, al peso que se concedería según el proyecto trigarante a la singularidad histórica y social de México. La constitución del Imperio estaría condicionada, en principio, por el reconocimiento de esa realidad y de esa historia —“peculiar y adaptable del Reyno” o “análoga al país”— tal y como lo plantearía en forma por demás clara el proyecto de Constitución del Imperio atribuido al ex diputado a las Cortes españolas y cura originario de Tlaxcala, Miguel Guridi y Alcocer (1763-1828):

“Cuando se quiere formar la Constitución de México, Imperio que se presenta de nuevo con este nombre y carácter, claro está que no se trata de adaptar para acomodarle la Constitución de otra nación: porque así como un hombre no quedaría desnudo si se le apropiase el vestido ageno alargándolo o acortándolo, ensanchándolo o restrigiéndolo con proporción a sus dimensiones; pero sería lo mejor y aparecería más decente con el que se hiciese destinadamente para él desde su principio: del mismo modo será mejor y se tendrá por más decorosa al Imperio una Constitución que se forme de nuevo como corresponde al aspecto con que ahora aparece a la faz del mundo, que no cualquiera otra acomodaticia que se le aplicase.

”Esto no carecería del olor, cuando menos, de plagio, aunque muy disculpable en asuntos en que es preciso coincidir con los demás pueblos del orbe, por ser unos mismos los derechos de todos los hombres, y unos mismos los principios de razón por que deben gobernarse. Con todo siempre pareció conveniente formar una Constitución peculiar del Imperio…”

El Primer Imperio apostó, en consecuencia, por no romper de raíz con el modo de ser político de los novohispanos y propuso para ello el camino de la continuidad monárquica, pero introduciendo el elemento moderno de la limitación del poder imperial y la división del poder según el modelo propuesto por Montesquieu (1689-1755). Si su forma de gobierno fue la monarquía, su forma de Estado fue la de un Imperio, lo que se entiende si se acepta la manera en que se conformó el nuevo Estado: una especie de monarquía federativa resultado de las distintas adhesiones territoriales que se han mencionado arriba, así como la influencia de novedosos discursos indigenistas articulados ahora para destacar y justificar precisamente lo singular y propio del nuevo proceso constituyente. Si durante los pocos meses que duró el Imperio no se llegó a promulgar la anhelada y esperada constitución, sí se llegaron a elaborar diversos proyectos; unos particulares, otros por parte de algunos diputados al primer congreso constituyente, e incluso —el más importante y todavía por desgracia desconocido— el presentado por la comisión respectiva de la Junta Nacional Instituyente nombrada por Iturbide después de disolver aquel congreso y que representa el texto más cercano a los propósitos constitucionales planteados por Iturbide en Iguala, como se verá más adelante.

El debate constitucional surgido con motivo de la independencia del nuevo Estado no se limitó obviamente al peso y al respeto que habrían de concederse a la historia, a la realidad y al modo de ser de la otrora Nueva España y los diversos territorios que la conformaron, sino que trascendió naturalmente a la forma de gobierno que habría de asumir el novel Estado: monárquico o republicano, con la clara advertencia que de aceptarse la segunda se estaría aceptando el rompimiento radical con el pasado, lo que no dejaba de implicar —hay que repetirlo— una auténtica revolución política. Lo peculiar del caso mexicano es que durante todo este debate se mantuvo la vigencia relativa de la Constitución española, cuya derogación de facto ocurrirá hasta promulgarse el Acta Constitutiva de la Federación en el mes de enero de 1824.

La instalación de un segundo congreso constituyente significó el triunfo de la causa republicana y el inicio de la revolución política que sepultó al viejo orden monárquico con que la Nueva España había vivido durante tres siglos, llevándose consigo un conjunto de instituciones que nunca más habrían de regir en el México independiente, salvo en momentos muy acotados: monarca, audiencias, provincias internas, diputaciones provinciales, intendencias, inquisición, pueblos de indios, alcaldías mayores, corregimientos, cortes, marquesados, jurisdicciones especiales, etc. En su lugar, las constituciones republicanas establecerían congresos generales y locales, presidentes, gobernadores, tribunales superiores, supremas cortes, juzgados de distrito, vicepresidentes, consejos de estado, partidos políticos… Algunas otras tuvieron su origen en la monarquía española y se perpetuaron en la República: ejército, elecciones, fueros, cabildos y ayuntamientos constitucionales, secretarías de estado, capitanes generales, colegios y academias, instituciones de beneficencia, ciertos tribunales especiales y, sobre todo, la Iglesia y sus muy particulares instituciones, llamada a ser punto de controversias y de discordia dentro del nuevo orden republicano.

Definida la forma de gobierno, la nueva polémica se entabló en torno a la forma que habría de asumir el Estado. Desaparecida la imperial, el debate republicano se centró en definir el carácter central o el federal. Con el precedente de las Diputaciones Provinciales previstas en la Constitución de Cádiz, el apoyo de algunos ex iturbidistas, ante el modelo exitoso de los Estados Unidos, y con la clara precepción de que ahora con la caída del Imperio se volvía a presentar una nueva amenaza para la unidad del Estado —todavía muy frágil, como se pudo constatar fehacientemente con la separación de Centroamérica—, el grupo federalista se impuso a los pregoneros de la república central que reclamaron para sí una falsa legitimación histórica derivada de una inexistente apreciación acerca de una supuesta unidad política dentro del virreinato novohispano. Fray Servando, su principal defensor, se equivocó; en ello debieron pesar tantos años vividos fuera del país. En cambio, Ramos Arizpe, el ex diputado en Cádiz que fuera víctima de su incipiente liberalismo, se impuso, y el 5 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano por parte de un triunvirato que detentaba entonces en forma provisional el Poder Ejecutivo federal y que estaba integrado por Miguel Domínguez (1756-1830), el antiguo corregidor de Querétaro, y por los ex insurgentes Guadalupe Victoria (1786-1843) y Nicolás Bravo (1786-1854). Poco más de tres años después de haber alcanzado su independencia, México contaba por fin con su propia y particular Constitución. En el ínter, la de Cádiz le había permitido resolver en buena parte los problemas derivados de su ingreso al grupo de estados independientes; sin embargo, ahora tendría que resolver los provocados por una constitución que no parecía ajustarse a las necesidades y a las características de la compleja y variopinta sociedad mexicana; en pocas palabras, la Constitución federal, no obstante sus buenas intenciones, no pareció ser “análoga al país” o “peculiar y adaptable” a la República. El diseño constitucional parecía haberse hecho mirando más hacia un modelo teórico, el de los Estados Unidos y el Cádiz, que a la realidad mexicana cuya presencia parece demasiado débil en su articulado.

Y es que el constitucionalismo mexicano y sus autores, los “publicistas” de la época, tenían poco de donde asirse, salvo de un buen número de autores modernos de prestigio, tanto europeos como estadunidenses, que predicaban las bondades de sistemas y formas ideales frente a una realidad que la mayor parte de nuestros publicistas desconocían, les era indiferente o, lo peor, condenaban. De aquí que se inclinaran en pro de la fuerte capacidad transformadora del Derecho natural moderno y su visión universalista del hombre, del Derecho y de la sociedad, para llevar a cabo el esfuerzo de transformar radicalmente al país a través de la nueva constitución, más que proponerle a gobernantes, ciudadanos, corporaciones e instituciones públicas y privadas un eficaz y seguro modo de convivencia política donde la singularidad de lo propio se respetase y, a la vez, se encaminase paulatinamente pero sin descanso hacia una nueva cultura política donde el carácter autoritario de una monarquía vigente durante tres siglos y el desconocimiento de los derechos del hombre se superase mediante una nueva moral republicana y democrática. Por desgracia no fue así. La elaboración de las constituciones mexicanas a todo lo largo del siglo XIX desconoció la contrastante realidad social, la existencia de grandes grupos de población indígena y la presencia manifiesta de hondas diferencias culturales y geográficas entre las diversas regiones de la nueva república. Sobre todo, la primera de nuestras constituciones falló en el hecho de haber sido incapaz de sustituir la figura del monarca, otrora el centro de la unidad de la monarquía hispana: ante el reclamo soberanista del Congreso, las facultades del Ejecutivo federal quedaron mermadas y sus representantes sujetos a fuertes presiones por parte de aquél. De esta forma dio comienzo uno de los conflictos que habrían de caracterizar toda la historia constitucional mexicana, incluso hasta nuestros días.

El papel de una constitución en los orígenes del constitucionalismo moderno se planteó de manera clara y simple: una vez reclamada la soberanía para el pueblo o para la nación, según los casos, no fue otro que organizar el poder del Estado mediante el establecimiento de reglas públicas que a su vez lo limitaran y le implicaran la necesidad de reconocer los derechos del hombre. Para esto se adoptaron distintas teorías filosófico-políticas, la mayoría de las cuales provenía de las dos versiones del iusnaturalismo racionalista moderno —la normativista y la contractualista—, así como de la tesis historicista del barón de Montesquieu, que incidieron para establecer las bases del Estado constitucional, cuyas principales características fueron: la existencia de un texto constitucional considerado como la base de la organización política, el instrumento para fijar la acción y facultades de los órganos del Estado, y el documento donde se reconocieron públicamente los derechos individuales de los ciudadanos, particularmente la libertad, la igualdad y la propiedad; la división del poder en tres “poderes”: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; la definición del territorio estatal y la delimitación de sus fronteras; el ejercicio de la soberanía popular o nacional mediante la representación política y la activación y el uso periódico de un sistema electoral; la distribución del ejercicio del poder y el establecimiento de competencias claras para las distintas divisiones políticas del territorio estatal; la supremacía casi absoluta de la ley frente a otras fuentes del Derecho; los mecanismos de actuación frente a otros estados soberanos, y, finalmente, un mecanismo racional para la reforma o alteración de la propia constitución. Todo esto provocó un cambio radical en la cultura política de gobernantes y gobernados que comenzó a evidenciarse, tal vez, cuando desde el púlpito los sacerdotes y curas se vieron obligados a leer el texto de la Constitución de Cádiz de 1812 y las prensas de la época publicaron los diversos textos de proyectos constitucionales y de constituciones sancionadas, así como los innumerables debates parlamentarios. ¿Qué quedaba de viejo soberano, de sus prácticas políticas y leyes? ¿Cómo acostumbrarse a tomar decisiones? ¿Cómo aprender a debatir y a votar? ¿Qué hacer con el poder que ahora recaía en manos del pueblo o de la nación? ¿Cómo ejercitar los nuevos derechos reconocidos? ¿Cómo entablar relaciones con otras naciones? ¿Qué hacer para administrar eficazmente las finanza públicas? ¿Cómo sujetar a los jueces a la aplicación irrestricta de las leyes? ¿Cómo y cuándo ejercitar la facultad de elegir? Todas estas preguntas y muchas más se debieron plantear y contestar en las distintas ciudades, pueblos y villas del interior de la vastísima nueva república que ahora reconocía, mediante el sistema federal adoptado, la “soberanía” o plena autonomía a esas nuevas entidades políticas llamada estados de la federación.

No obstante su dependencia teórica con el modelo iusnaturalista moderno —claro, sistemático y sencillo—, el nuevo texto constitucional se presentó como algo de no fácil conocimiento, interpretación complicada y difícil aplicación. De aquí la necesidad de contar con cátedras especializadas en las escuelas de Derecho y con expertos publicistas que orientaran en las correctas interpretaciones y en la búsqueda de soluciones óptimas ante las dificultades surgidas en la aplicación del articulado constitucional. Pronto se evidenció que la Constitución federal, como cualquier otro texto jurídico de cualquier época, podía ser objeto de interpretaciones diversas y, por lo mismo, adecuado a las necesidades o pretensiones de quienes detentaran el poder político. Asimismo, fue relativamente pronto cuando la elite política y el pueblo en general se dieron cuenta de que una cosa era la Constitución escrita y otra, en ocasiones muy diversa, la Constitución real; es decir, aquella que en realidad cumplía con la razón de ser de cualquier constitución política: dar cuenta de la organización, fines, distribución, ejercicio y límites reales del poder político dentro del territorio del Estado. La distancia entre ambas constituciones será uno de los puntos que mayor interés provoquen en la historia constitucional mexicana, no sólo a nivel teórico o académico, sino dentro del propio debate constitucional y en la vida política misma. Y es que, desde sus orígenes, las constituciones modernas asumieron una posición ambigua frente a la realidad: si, por un lado, debían constituir al Estado según unas pretensiones y fines particulares, conformes a la naturaleza, carácter y condiciones del país —como entonces se afirmó—, por otro, no podían abdicar de sus deseos de transformarlo radicalmente según unos anhelos y fines generales acordes con los ideales políticos en boga, casi todos herederos de la Ilustración y del incipiente liberalismo europeo. Desde esta última posición, se pretendió transformar la realidad con la Constitución en la mano y si aquélla, obcecadamente, se negaba a hacerlo peor para sí que no para un texto constitucional considerado a priori como valioso y digno de ser obedecido durante décadas. Esta fue la misma pretensión que, desde entonces, tuvieron las leyes aprobadas por los diversos congresos del México independiente. Por desgracia, esta separación entre constitución formal y constitución real será una constante en la vida política de México y tendrá consecuencias nefastas incluso en nuestra vida académica, donde los profesores de Derecho constitucional se limitarán durante décadas a enseñar el texto de la Constitución desde una perspectiva exegética —aderezada con algunas noticias de historia política—, sin abrirse a la posibilidad de confrontarlo con la constitución real, la que el pueblo en general —que la vive día con día— ha sabido conocer, criticar y cuestionar mejor que aquéllos.

Es cierto que siempre resultó imposible —e inconveniente— pedir o exigir a los autores de cualesquiera de nuestras constituciones que renunciaran a plasmar en sus contenidos un modelo a futuro, un propósito por conseguir o una transformación política que realizar, pues precisamente en esto también ha constituido todo proceso constituyente. Pero lo que no se ha debido desatender es que dichos cambios, propósitos, reformas o pretensiones constitucionales tomaran en cuenta necesariamente la realidad: partir de ella y reconocerla. No obraron así la inmensa mayoría de nuestros constituyentes del siglo XIX. La historia constitucional mexicana (y en general la de toda América Latina) está plagada de desencuentros entre la realidad constitucional del país y las pretensiones de sus constituyentes, provocando en ocasiones lamentables guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones o simplemente indiferencia frente al texto aprobado. En este sentido, será mérito indiscutible de la Constitución de 1917 someterse periódicamente a procesos de revisión profundos, en ocasiones radicales, que le han permitido ganar vigencia, aplicación y eficacia ante los recurrentes cambios habidos en la sociedad mexicana y en la vida política del país. De aquí su centenaria existencia. En cambio, la influencia de las características del iusnaturalismo moderno sobre la Constitución de 1824 quedó de manifiesto en su pretensión de regir sin reforma alguna a su contenido durante seis años, hasta 1830 y, en temas como “la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la federación y de los estados” en ningún tiempo. Constitución pétrea en este sentido, que hubo de sucumbir muy pronto pues para la segunda mitad de la década de 1830 se estableció la República central, con la consecuente desaparición de los estados. Pareció evidente que lejos de reconocer la existencia de una constitución real para modificarla paulatinamente, el fenómeno del constitucionalismo fue, ante todo, un modo de ensayar con diversas alternativas teóricas hasta encontrar la constitución ideal que fuera posible ofrecer al Estado.

Así parecen demostrarlo los grandes debates del constitucionalismo mexicano del siglo XIX, algunos de los cuales han caracterizado y condicionado toda la historia política de México: 1) constitución real versus constitución formal; 2) monarquía o república; 3) centralismo o federalismo; 4) predominio del Ejecutivo o del Congreso; 5) primacía del Estado o de la Iglesia; 6) liberalismo o conservadurismo; 7) dictadura o democracia; 8) centro o región; 9) propiedad individual frente a propiedad comunal, y 10) modernidad o tradición. Lo singular de esa historia es que exhibe una irreductible lucha entre contrarios si sólo tomamos en cuenta las actitudes de los distintos bandos, grupos y líderes de cada una de las opciones señaladas, de las cuales han resultado un sinnúmero de conflictos, muchos de los cuales se dirimieron lamentablemente por las armas y con la sangre de hombres honorables. Cualquier análisis histórico que se pretenda hacer tanto de los textos constitucionales como de la historia constitucional mexicanos no puede evadir dar cuenta de estas tensiones o debates surgidos a partir de que en nuestro país se adoptara el modelo constitucional moderno. En este sentido, no es suficiente dar a conocer los procesos de elaboración de cada uno de nuestros textos constituciones. Historia constitucional que vaya más allá de la historia documental es lo que se ha requerido en México, como lo pusieran en evidencia Emilio Rabasa (1856-1930) al publicar La Constitución y la Dictadura hace ya más de un siglo, o, más atrás, Mariano Otero (1817-1850) en su célebre Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana que data de 1842. Dichas tensiones marcan en forma transversal la historia constitucional del México del siglo XIX, desde la Constitución de Cádiz hasta las últimas reformas de la Constitución liberal de 1857 y constituyen la auténtica sustancia de nuestra historia constitucional.

Apuremos, pues, antes de entrar al análisis de su significado, la enumeración de los diversos textos constitucionales aprobados durante la conflictiva decimonovena centuria: Constitución de Cádiz, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, Siete Leyes Constitucionales de 1836, Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, y Constitución Política de la República Mexicana de 1857, así como de los documentos que no alcanzaron el calificativo de constitución pero sí se elaboraron con la intención de preparar las tareas de un auténtico constituyente o modificaron de forma sustancial a la constitución vigente: Decreto Constitucional de la América Mexicana, Plan de Iguala y Tratado de Córdoba, Acta de la Independencia Mexicana, Bases Constitucionales, Reglamento Provisional del Imperio, Proyecto de Constitución del Imperio Mejicano, Acta Constitutiva de la Federación, Bases Constitucionales, Acta Constitutiva y de Reformas, Bases para la Administración de la República, Estatuto Orgánico Provisional, Leyes de Reforma y Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Quedan fuera por comprensibles razones las decenas de constituciones promulgadas por las distintas entidades federativas cuando este sistema estuvo en vigor, así como los centenares de planes políticos emitidos por diferentes personas, ciudades, pueblos, caudillos, militares, e incluso sacerdotes a todo lo largo del siglo. La importancia de estos últimos nunca debe ser subestimada pues a contrapelo de lo establecido en las constituciones formales nos hablan muchas veces desde la constitución real del país tal y como lo revelan también los ensayos y artículos periodísticos de contenido político de la época.

La Constitución Política de la Monarquía Española fue promulgada, como arriba se ha visto, el 19 de marzo de 1812. Ante la ausencia del rey Fernando VII (1784-1833), las Cortes españolas integradas por diputados peninsulares y americanos, entre los cuales hubo 19 diputados novohispanos, elaboraron este primer texto constitucional moderno que tuvo vigencia en la Nueva España en dos ocasiones: la primera entre 1812 y 1814, y la segunda, como también se ha recordado, entre 1820 y 1821. Una vez alcanzada la independencia estuvo en vigor en el nuevo Estado mexicano, primero por disposición oficial y luego de facto, hasta la promulgación de la Constitución republicana federal de 1824. Estableció la soberanía en la nación, no en el monarca ni en el pueblo, aunque aquella fuera considerada como la “reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Constitución monárquica que consagró por vez primera en España y en sus dominios ultramarinos la división de poderes con clara debilidad de la función judicial y un equilibrio frágil entre los poderes del monarca y los de las Cortes. Intolerante a perpetuidad en materia religiosa. Reacia a conceder cualquier tipo de autonomía a los reinos y provincias americanas, sin embargo, estableció su semilla en las Diputaciones Provinciales que anticiparon el establecimiento de los estados de la Federación en México junto con las intendencias establecidas por el monarca español en la segunda mitad del siglo XVIII. En su momento se entendió como una constitución liberal, si bien sus autores pretendieron conciliar en ella modernidad con tradición. Supuso un incipiente reconocimiento de algunos derechos del hombre aunque no la ciudadanía universal. Apostó por la defensa de la propiedad individual y apoyó la desamortización de tierras de comunidades, corporaciones y mayorazgos. Estableció un sistema de elecciones mediante el voto de los ciudadanos. Orientó los trabajos de los constituyentes de Chilpancingo y su influencia se hizo sentir tanto en el Decreto Constitucional de Apatzingán como en el Reglamento Provisional del Imperio y en el Proyecto de Constitución del Imperio Mejicano, e incluso en la Constitución Federal de 1824. A su amparo, y al del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, se promulgaron las primeras leyes, decretos y reglamentos del México independiente.

El Decreto Constitucional para la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, representa el aporte a la vida constitucional mexicana que hicieron los insurgentes que lucharon con desigual éxito entre 1810 y 1821 para alcanzar la independencia. Obra de un escaso número de sacerdotes, juristas, militares y publicistas que deambularon por más de un año en las tórridas regiones del sur de la Nueva España para conseguir la independencia absoluta respecto de España, establecer la soberanía originaria en el pueblo, fijar la intolerancia religiosa, sancionar la supremacía de la ley y del poder Legislativo frente a un Ejecutivo que se vio fragmentado, y, por ende, debilitado cuando más se necesitaba; y fijar algunos derechos del hombre establecidos en los documentos revolucionarios franceses agrupados bajo los conceptos de “igualdad, seguridad, propiedad y libertad”. Republicana y por fuerza centralista, poco pudo hacer para reglamentar las relaciones de propiedad (si bien estableció que “Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propiedades y disponer de ellas con tal de que no contravengan a la ley”), así como los poderes entre las diferentes regiones. Sancionada bajo difíciles condiciones el 24 de octubre de 1814 en el pueblo michoacano de Apatzingán, tuvo una limitada vigencia territorial y una temporalidad escasa. Su influencia ha sido discutida por los constitucionalistas mexicanos, pero es indudable que recogió algunas de las preocupaciones sociales de la insurgencia y el lenguaje político moderno implantado a través de las constituciones republicanas francesas y la monárquica de Cádiz. Se movió entre tradición y modernidad gracias, sin duda, a la presencia de juristas formados en la tradición del Ius commnune europeo y sacerdotes conocedores del Derecho canónico.

Con el Plan de Iguala y la firma de los Tratados de Córdoba se abrió el camino hacia la independencia definitiva del Virreinato de la Nueva España y sus diversos componentes territoriales, dotados por entonces de una autonomía de facto que mucho cuestionaba la jerarquía en el mando del virrey Apodaca (1754-1835), y hacia el consecuente establecimiento del nuevo Estado independiente y soberano bajo la forma de un Imperio con un monarca constitucional y los principios de “Independencia, Religión y Unión” como norte. Obra personal, el primero, del coronel criollo Agustín de Iturbide, y de éste y de Juan de O’Donojú el segundo, ambos documentos establecieron, como los anteriores, la más absoluta intolerancia religiosa, así como la necesidad de “una constitución análoga al país”, la absoluta igualdad entre los americanos, europeos, africanos y asiáticos que vivieran en el Imperio, la protección de personas y propiedades por parte del Estado, la formación del primer ejército mexicano, y la vigencia interina de la Constitución gaditana. Resultado inmediato de ambos fue la firma del Acta de la Independencia Mexicana firmada por los miembros de la Junta Provisional de Gobierno el 28 de septiembre de 1821 en la ciudad de México y que, a diferencia del documento similar sancionado en Chilpancingo ocho años atrás, estaría llamado a tener plena efectividad y vigencia permanente. Conforme a su contenido, México nació a la vida independiente mediante el libre ejercicio “de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra”, con libertad de “constituirse del modo que más convenga a su felicidad”, y gozando de un sistema representativo y de una soberanía que se hizo descansar en la nación. Estos tres documentos suponen un equilibrio entre tradición y modernidad, de ahí su indiscutible éxito no sólo para conseguir de una forma rápida y casi incruenta la independencia definitiva respecto de España, sino su capacidad para convocar a las otras entidades políticas del inmenso territorio de la América Septentrional, e incluso de la Central, para, entre todas, formar un nuevo Imperio, el mexicano, bajo la órbita constitucional moderna. Con ellos, un nuevo centro de poder desplazó definitivamente a Madrid: la Ciudad de México, en adelante capital indiscutible del nuevo Estado.

Instalado el primer Congreso Constituyente al año preciso de la proclamación del Plan de Iguala, aceptó regirse por unas Bases Constitucionales que hicieron suyo lo que hasta entonces había sido establecido en Iguala por Iturbide, ratificado en Córdoba por O’Donojú, y aceptado sin chistar por la inmensa mayoría del pueblo, incluidos los insurgentes, y por la elite mexicana, incluidos los españoles residentes en el Imperio. Sin embargo, en una sorprendente declaración de enormes y fatales consecuencias, este Congreso reclamó para sí la soberanía, no simplemente su ejercicio sino su depósito, contrariando de esta forma no sólo el espíritu de los textos fundacionales de nuestro constitucionalismo, sino la más elemental concepción de la división de los poderes públicos. Ni nación, ni pueblo soberanos; ahora, en el momento inaugural del ejercicio del poder en México, irrumpió uno de sus más recurrentes problemas a todo lo largo de sus dos siglos como nación independiente: el conflicto entre los poderes, en particular entre el Legislativo y el Ejecutivo. “Los diputados que componen este Congreso, y que representan la nación mexicana, se declaran legítimamente constituidos, y que reside en él la soberanía nacional”, fue la expresión utilizada. Poco pudieron entrever los miembros de ese primer Congreso Constituyente que esta declaración se voltearía como una pesada lápida sobre de ellos cuando decidieron condenar un año más tarde el programa trigarante propuesto por Iturbide. Este programa no sólo fue aceptado por la representación nacional, sino, al decir de la misma, por la propia soberanía del Estado. En consecuencia: la Independencia, la Unión, la exclusividad de la Religión católica, la monarquía constitucional, la denominación del nuevo Estado, la división de los poderes, la sujeción de éstos a las leyes, y “la igualdad de derechos civiles en todos los habitantes libres del imperio, sea el que quiera su origen en las cuatro partes del mundo”, quedaron formalmente aceptadas como expresión de una voluntad única, la de la nación, legitimada y libre para expresarse a través del Congreso.

Por desgracia para el país, este reclamo soberanista por parte del primer Constituyente, así como su incapacidad y negativa para discutir los proyectos de constitución presentados, aunado a la falta de recursos económicos, a la oposición de los españoles residentes en México al programa trigarante una vez que las Cortes españolas rechazaron el Tratado de Córdoba en una de las decisiones más absurdas e impolíticas que han tomado a lo largo de su historia, a la impericia y falta de experiencia en el arte de gobernar del propio Iturbide —consagrado emperador el 19 de mayo de 1822—, y a la oposición y conjuras de borbonistas y de republicanos, llevaron al emperador a disolver el Congreso y a convocar con algunos de sus diputados la formación de una Junta Nacional Instituyente que tuvo como objetivo principal discutir y aprobar la Constitución política que el Imperio exigía. Lo consiguió a medias, pues su proyecto —terminado y firmado por la comisión respectiva— nunca se discutió y en consecuencia jamás se sancionó. Por décadas, este proyecto se desconoció hasta que hace algunos años fue localizado, sin que hasta la fecha, al parecer, se haya publicado. En su lugar, otro proyecto de naturaleza constitucional sí se publicó en la época y ha sido estudiado por los tratadistas; se trata del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano con el que se ha querido suplir el Proyecto de Constitución del Ymperio Mejicano que presenta a la Junta Nacional Instituyente la Comisión encargada de su formación. Se impone, pues, no sólo su publicación, sino su cotejo con el texto del proyecto de Reglamento. En todo caso, ambos suponen la consagración del plan constitucional trigarante desarrollado en los términos que exigía una constitución moderna: definición de la nación (“La Nación Mejicana es la reunión de todos los havitantes de su territorio bajo una ley fundamental”), soberanía nacional, forma de gobierno (“El Gobierno de esta Nación es una Monarquía Constitucional hereditaria con el nombre de Ymperio Mejicano”), intolerancia religiosa (“Es un deber sagrado de la Nación Mejicana profesar la Religión Católica, Apostólica, Romana, con intolerancia de toda otra), protección a la Iglesia, denominación del Estado, división de poderes (“Como la Nación no puede exercer por sí misma la soberanía, su primer deber es el nombramiento de representantes que sin apartarse de su voluntad proclamada sostengan los poderes divididos, para su más cómodo y armonioso ejercicio”), sujeción a la ley, fijación de los deberes de los mexicanos, reconocimiento de los derechos del hombre, garantías a la propiedad —que se considera inviolable pero sujeta a la posibilidad de expropiación—, organización de los poderes provinciales y de los “pueblos”, definición de su territorio (“El territorio mejicano que por ahora comprehende las Provincias de Méjico, Guadalajara, Puebla de los Ángeles, Mechoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Nuevo Méjico, San Miguel de Culiacán ó Sinaloa, San Miguel de Horcasitas ó Sonora, las dos Californias, Nuevo Santander, Coahuila, Tejas, y Nuevo Reyno de León, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Tabasco, Oajaca, Chiapas, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, Honduras y las demás que en lo sucesivo se reúnan al Ymperio, se dividirán en adelante, mas convenientemente por una ley Constitucional”), lo relativo al “Gobierno Municipal de las Provincias y Pueblos con relación al Supremo del Ymperio”, e, incluso, la preocupación por la instrucción y la moral públicas. En el caso del Reglamento, resulta interesante saber que su artículo primero dispuso: “desde la fecha en que se publique el presente reglamento, queda abolida la constitución española en toda la extensión del imperio”, cosa que, desde luego, no llegó a ocurrir. Para evitar otro conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, el proyecto de Reglamento incluyó unas “Bases orgánicas de la Junta Nacional Instituyente” que ésta había aprobado para sí misma el 2 de noviembre de 1822. Asimismo, la persona del emperador fue declarada “sagrada e inviolable”. Los diputados Toribio González, Antonio J. Valdés y Ramón Martínez de los Ríos presentaron el proyecto de Reglamento el 18 de diciembre del mismo año; mientras que los miembros de la comisión respectiva, entre quienes figuraron los tres publicistas mencionados, firmaron el proyecto de la Constitución el 4 de marzo de 1823, 15 días antes de la abdicación del emperador.

El fracaso de la opción monárquico-constitucional, asediada por los vientos republicanos desde Veracruz, y los borbonistas provenientes de San Juan de Ulúa, y difundidos ambos desde las logias yorkinas o escocesas, respectivamente, se hizo evidente cuando Iturbide reinstaló al disuelto Congreso por presiones de sus antiguos camaradas quienes le impusieron el Plan de Casa Mata. Sin embargo, ni el emperador ni el restablecido Congreso fueron capaces de sostenerse, pues tenía minada su autoridad. El primero abdicó el 19 de marzo de 1823 y el Congreso se autodisolvió el 30 de octubre del mismo año desprestigiado sobre todo ante las provincias, no sin antes haber declarado la nulidad de la coronación del emperador, la necesidad de la nación para constituirse con “absoluta libertad”, e inclinarse por la adopción de la República federal. La defensa de ésta fue enarbolada por antiguos diputados novohispanos a las Cortes de Cádiz y a las de Madrid, miembros ahora del primero y del segundo congresos, como Miguel Ramos Arizpe (1775-1843), a quienes se unió el extravagante fraile dominico Servando Teresa de Mier (1763-1827). Con todo, el primero en proclamar la República en el país fue un mediocre ex militar realista originario de Veracruz, Antonio López de Santa Anna (1794-1876).

En medio de un ambiente de franco separatismo por parte de las provincias —ambiente en el cual las provincias de Centroamérica, excepto la de Chiapas, proclamaron su independencia respecto de México— y ante la peligrosa debilidad de los poderes centrales, fue necesario, en consecuencia, convocar a la reunión de un segundo Congreso Constituyente de manifiesta inclinación republicana y federal. Las fuertes tendencias separatistas contenidas gracias al establecimiento del Imperio volvieron a manifestarse en forma radical amenazando la existencia misma del nuevo Estado. De aquí la urgencia de aprobar un texto provisional que garantizase la unión entre las provincias y su reclamada autonomía con el nuevo centro del poder. Esta garantía quedó asegurada con la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, donde la adopción del federalismo aparece como la única posibilidad real para contener el evidente secesionismo de las provincias, más que —como mucho se ha afirmado— como imitación extra lógica del sistema federal adoptado por los estadunidenses. En este sentido, es necesario considerar a la primera República federal como la continuación de la vocación federalista del Primer Imperio; no es gratuito que el mapa político de éste coincida casi en su totalidad con el dibujado en el artículo 5 de la Constitución federal (estados “de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas; el territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala”), a excepción, claro está, de las cinco provincias centroamericanas; conclusión que se refuerza al advertir lo dispuesto por el artículo primero del Acta: “La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de provincias internas de Oriente y Occidente”; es decir, cuatro de las divisiones políticas que concurrieron a la formación del Imperio, y cinco si se acepta —como lo hicieron los constituyentes— que la Nueva Galicia formó parte “del virreinato llamado antes Nueva España”. La Constitución federal fue, no obstante, más explícita al incluir los territorios de la Alta y la Baja California.

La experiencia del Imperio también debió de haber pesado en el ánimo de los segundos constituyentes mexicanos a la hora de establecer el equilibrio entre los poderes; asunto que no dejaba de incomodar a la clase política mexicana desde la ausencia del monarca español. El Acta se mostró cautelosa al respecto, al señalar que “El Supremo Poder Ejecutivo se depositará por la Constitución en el individuo o individuos que ésta señale”, toda vez que a la caída de Iturbide fue detentado por un triunvirato. Finalmente, la Constitución estableció el Ejecutivo unipersonal en la figura del “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” con una duración limitada a cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata. El nombre mismo del país tuvo que ser modificado, adoptándose —aquí sí, incuestionablemente— la influencia directa de la Constitución estadunidense que todavía continúa siendo manifiesta en el nombre oficial de nuestro país: Estados Unidos Mexicanos.

Constituido bajo la forma republicana y federal, el país sancionó también la intolerancia religiosa y la protección nacional a la Iglesia católica y, evidentemente, los principios del incipiente liberalismo recogido en los textos anteriores, incluidos los del Imperio: la división de los poderes, algunos de los derechos del hombre —reservando al ámbito de la autonomía de los estados su establecimiento y especificación—, un incipiente sistema electoral y el régimen representativo. Aunque no se mencionó expresamente, se entendió que la soberanía residía en la Nación, si bien se continuó calificando de “soberano” al Congreso, ahora dividido en dos Cámaras, una representativa de los ciudadanos y otra de los estados de la Federación, también calificados como “soberanos”. Las otrora poderosas audiencias dieron paso a un Poder Judicial de la Federación dividido en una Corte Suprema de Justicia, unos Tribunales de Circuito y unos Juzgados de Distrito. La definición de las competencias entre los poderes federales y los de los estados ocupó un papel relevante como era natural que sucediera al adoptarse precisamente la forma federal de gobierno. Por desgracia, no se consiguió el equilibrio entre la Federación y las facultades de los estados, y materias tan importantes como la hacienda pública y las fuerzas armadas, entre otras, quedaron insuficientemente definidas, lo que acarrearía innumerables problemas en el futuro. Y si bien la esclavitud se toleró durante los primeros años de su vigencia, no obstante las decisiones tomadas al respecto por los caudillos insurgentes Hidalgo y por Morelos años atrás, finalmente durante el gobierno del segundo presidente, el general Vicente Guerrero (1782-1831), se proscribió en todo el país y se decretó la liberación de todos los esclavos. Los indios, aceptados como ciudadanos desde el Plan de Iguala, siguieron sin embargo negados en su realidad social y cultural y ellos y sus pueblos fueron los grandes ausentes en el texto constitucional del 24, si bien los segundos aparecieron en forma relevante en las constituciones locales de algunos de los estados. Consecuencia necesaria de la adopción del régimen federal fue la creación de un Distrito Federal para evitar la incómoda injerencia de los asuntos e intereses particulares de cualquier estado en los poderes federales. El 18 de noviembre de 1824, se dispuso que aquél se formara con parte del territorio del Estado de México, concretamente con la Ciudad de México “y un radio de dos leguas” a partir de su centro. El nuevo estado contó así con una capital llamada a permanecer hasta nuestros días.

El incipiente liberalismo manifiesto en la primera constitución federal mexicana enfrentó durante los casi 11 años que estuvo vigente los primeros conflictos religiosos entre los miembros de la elite política, tanto a nivel federal como dentro de algunas entidades federativas, continuando de esta manera las discusiones que sobre esta materia se iniciaron en las Cortes gaditanas, pero ahora particularmente en relación con la continuidad o no del concordato establecido entre la Corona española y la Santa Sede, con la intervención del clero en los establecimientos de educación y con la permanencia de algunas órdenes religiosas. Esta situación llevó a la “primera Reforma” durante el gobierno del presidente Valentín Gómez Farías (1781-1858). El problema religioso no hacía sino comenzar dando pie a su vez al surgimiento de los “partidos” conservador y liberal en México, ambos, por otra parte, fervientes defensores del nuevo orden estatal, de las constituciones modernas, de la supremacía de la ley, de la codificación del Derecho, de la transformación de la sociedad y de la defensa de la propiedad individual. El conflicto entre los miembros de dos “partidos” de una misma elite se centraría alrededor del tema religioso y giraría en torno a la rapidez y al costo social que habría de significar la transformación de la sociedad. Años más tarde, se sumaría a este conflicto, una vez más, el asunto de la forma de gobierno, hasta llegar a pretenderse otra vez la instauración de una monarquía católica constitucional, sólo que ahora decididamente liberal.

La lectura de esta primera constitución revela, además, la profunda preocupación por la organización de los tres poderes federales y por la forma de creación de la ley; esta misma preocupación aparece en las constituciones locales que, a diferencia de la federal, sí abundaron en los temas hacendarios y militares. En todas late la preocupación por el tema de la propiedad y por solucionar el problema ocasionado por las debilitadas relaciones entre el poder civil y el eclesiástico, fruto a su vez del hecho de que España y, por ende, la Santa Sede, desconocieran la independencia mexicana, con la consecuente carencia de obispos en las respectivas diócesis. Esta constitución formal pronto hubo de confrontarse con una realidad, con una historia y con una tradición provenientes del largo periodo virreinal que se manifestarían con toda su fuerza y solidez en el debate que enfrentaría a liberales y conservadores durante los próximos años. Liberales y conservadores cuyo origen mismo se encuentra en las Cortes de Cádiz y que, allá y aquí y a través de la lectura de la ideas primero ilustradas y luego liberales, se difundieron por todo el territorio del país. Y si bien casi todos los miembros de la elite política e intelectual —excepto los borbonistas más absolutistas— se mostraron al principio proclives a las ideas liberales, el devenir de las posiciones políticas y de los diferentes intereses de grupo; la posición frente a la libertad religiosa y la consecuente relación con la Iglesia; el tema de la propiedad, en especial frente a las comunidades de indios; la posición frente a la rapidez con la que habrían de llevarse a cabo los cambios y transformaciones sociales y económicas que la nación requería, sobre todo frente al pasado inmediato, y la actitud que se debía tomar frente a los Estados Unidos o ante las naciones europeas, los fueron dividiendo paulatinamente hasta su frontal separación, convirtiendo el tema de la forma del Estado en una más de las razones por las cuales no sólo debatir sino enfrentarse con las armas en la mano. Con todo, nadie nunca volvió a pensar en el restablecimiento de la monarquía absoluta, ni en el restablecimiento de inquisiciones y prácticas políticas propias del pasado virreinal. A unos y otros los ganó, sin duda, la nueva cultura constitucional y pocos pretendieron organizar al Estado fuera de un orden constitucional, por más conservador que se fuera. La dictadura —las diversas que encontraremos en la historia política mexicana— fue precisamente eso, un modo excepcional para ejercer con realismo y eficacia —que no con justicia— el poder político del Estado, ¡incluso bajo la vigencia formal de una constitución! Ésta llegó para quedarse, si bien se prescindiera de ella en el día a día de cada una de las instituciones políticas previstas en su texto. Cuando menos, serviría para reclamar la legitimidad necesaria para levantarse una vez más en armas contra los poderes establecidos. Gritos de guerra muchas veces, pretextos para disentir y manifestación de ampulosas declaraciones de época, más que normas fundadoras y fundantes de un orden jurídico eficaz y justo, las constituciones mexicanas del siglo XIX sirvieron, sin embargo, para establecer paulatina y lentamente una nueva cultura política entre unos ciudadanos que entre 1812 y 1917 no supieron bien a bien qué hacer con ellas ni para qué les eran útiles; así como para proponer reformas, en ocasiones radicales, que se sabía de antemano quedarían para realizarse con toda efectividad en tiempos posteriores. Casi ninguna logró en verdad transformar la tradicional realidad mexicana: la política, la económica y, sobre todo, la social. Y si lo hicieron fue más bien gracias al triunfo de los ejércitos que se levantaron para ello, o debido a que muchas de sus disposiciones —en especial las que tuvieron que ver con el juego democrático tan postergado en todas ellas— fueron dejadas a un lado por quienes debieron ser los primeros en acatarlas, no por su capacidad de convocatoria ni, menos, por su autoridad. Su valor inmediato fue más bien pedagógico, como lo vio con toda claridad para el caso de la de 1857 el historiador Francoise-Xavier Guerra (1942-2002): no obstante su escaso cumplimiento, acabarían enseñando a un pueblo el valor y el significado de la libertad, de la democracia y de los límites impuestos al poder de los gobernantes.

Este lento proceso de aprendizaje, esta nueva y desconocida experiencia de vivir bajo una constitución moderna, así como sus limitaciones —entre las cuales no fue la menor una sociedad mayoritariamente analfabeta y rural— se evidencia ya en la segunda de las crisis constitucionales sufridas por México: si la primera había sido provocada por la negativa española a aceptar el programa político de Iguala y Córdoba, lo que llevó el conflicto al debate en torno a la forma misma de gobierno que habría de adoptarse, la segunda estuvo determinada por el debate entre federalismo y centralismo, que más que revelar una discusión de tipo ideológico —como lo sería la pugna entre liberales y conservadores— exhibió un conflicto serio entre el poder central y los poderes regionales, ávidos de obtener aún más autonomía y amenazando siempre con la secesión, como ocurrió en el caso de Centroamérica y lo demostraría muy pronto, por desgracia, el caso de Texas. Asimismo, el otro elemento determinante de la crisis fue la frecuencia de los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federales que llevaron incluso al órgano colegiado a deponer por incapaz al segundo presidente de la República. En efecto, en 1835 se sustituyó el sistema federal por el centralista, lo que se aprovechó para crear un cuarto poder —el Supremo Poder Conservador— con la mira de mantener el equilibrio entre aquellos poderes, siguiendo el modelo que para Francia propuso Benjamín Constant (1767-1830), toda vez que el modelo presidencialista nuevamente volvió a presentarse amenazante a los ojos de los diputados y senadores frente a la reclamada supremacía del Congreso. Los fantasmas del monarca español y del emperador mexicano rondaban en forma permanente el imaginario de los representantes del pueblo y de los estados de la Federación, sin percatarse de que el peligro inminente lo representaban no aquellas testas coronadas sino algo más simple y vulgar, llamado sin embargo a perpetuarse por décadas en México como en el resto de los países latinoamericanos, excepto Brasil: el caudillismo, tanto nacional como regional.

El primer texto constitucional centralista, como antes el texto federal, fue precedido por un documento constitutivo del nuevo sistema. En este caso, de las Bases Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente —resultado de un auténtico golpe de estado parlamentario que terminó con la reunión de las antiguas dos Cámaras federales en una sola de naturaleza constituyente— el 23 de octubre de 1835, lo que supuso el fin de la vigencia del primer federalismo mexicano y la consecuente transformación de los estados en departamentos. La soberanía se hizo residir en la nación, según lo dispuesto en el artículo primero de estas Bases, que también sancionaron la intolerancia religiosa y el sistema “republicano, representativo y popular”, así como la división del ejercicio del “supremo poder nacional” en los tres ya clásicos “poderes”. Como consecuencia del centralismo adoptado, las Bases también establecieron que “Las leyes y reglas para la administración de la justicia en lo civil y criminal, serán las mismas en toda la nación”.

La característica formal de la segunda constitución propiamente mexicana es que no se denominó “constitución” sino Leyes constitucionales por estar conformada con el conjunto de siete leyes de este tipo, cada una con su articulado independiente. La primera fijó por primera vez de forma clara y específica el conjunto de los “Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República”, mismos en todo el territorio nacional dada su naturaleza centralista y a costa de las facultades que en estas materias habían gozado hasta entonces los estados. La segunda —la más interesante y novedosa— fue la que estableció y organizó el funcionamiento del “Supremo Poder Conservador”, integrado por cinco miembros, y entre cuyas facultades estuvieron declarar la nulidad de leyes y decretos del Congreso y actos de los poderes Ejecutivo y Judicial cuando fueren contrarios a la constitución, en los dos primeros casos, o cuando usurparan facultades en el caso del tercero; “restablecer constitucionalmente a cualquiera de dichos tres poderes”; y “declarar […] cuál es la voluntad de la nación, en cualquier caso extraordinario en que sea conveniente conocerla”. La tercera ley constitucional organizó el funcionamiento del Congreso dividido también en las cámaras de Diputados y de Senadores; la cuarta reguló la organización del Poder Ejecutivo unipersonal, y la quinta, la del poder Judicial en manos de una Corte Suprema y de los tribunales superiores de los distintos departamentos, los tribunales de hacienda y los juzgados de primera instancia. La división del territorio y el gobierno interior de los pueblos fue materia de la sexta ley constitucional, mientras que la última y más breve se destinó a regular la forma de variar estas leyes constitucionales. Una ley más, dada la misma fecha de promulgación de las anteriores, el 30 de diciembre de 1836, vino a establecer la división territorial de la República Central en “tantos Departamentos cuantos eran los Estados”, con algunas modificaciones notables como la partición del Estado de Coahuila-Tejas en dos entidades, la última de la cuales había ya declarado su independencia respecto de México y de cualquier otra nación el 2 de marzo del mismo año. Resulta interesante advertir que algunos de los defensores del sistema federal en 1824 ahora se convirtieron en firmantes del texto centralista como el propio primer presidente de la República, el viejo insurgente Guadalupe Victoria, o el también insurgente y polémico historiador, Carlos María de Bustamante (1774-1848).

El país cumplió sus primeros tres lustros como Estado independiente en medio de agitaciones internas y desafíos provenientes del exterior: si en 1823 hubo de ser amenazado por la tendencia secesionistas de algunas provincias y en 1829 hubo de resistir el intento español de reconquista, entre 1836 y 1848 habría de lamentar la pérdida definitiva de Texas, la “Guerra de los Pasteles” contra Francia, los intentos separatistas de Yucatán, la incorporación de Texas a los Estados Unidos, y la injusta guerra contra éstos que habría de costarle la pérdida de poco más de la mitad de su territorio, la menos habitada ciertamente y, por lo mismo, la más sujeta al empuje expansionista estadunidense. Aun así, conservó el dominio sobre buena parte del Golfo de México, sobre el Mar de Cortés, sobre las costas del Pacífico y del Caribe, y sobre la región del Soconusco reclamada por Guatemala. En el ámbito interior, cientos de planes, manifiestos, declaraciones, actas, pronunciamientos, representaciones, exposiciones, observaciones, proyectos, convenios y proclamas, emitidos por pueblos y ciudades, militares y eclesiásticos, guarniciones y comunidades, “empleados” y comandantes, asambleas y guardias nacionales, ayuntamientos y villas, vecindarios y puertos, así como ciudadanos y autoridades, mostraron la evidente inconformidad de estos y otros actores sociales con el estado de cosas al que se había llegado; inconformidad viva en el trasfondo de la realidad social mexicana frente al espejismo en que se había convertido la Constitución. Proyectos, planes, sugerencias y peticiones a granel y del más heterogéneo contenido irrumpieron en la historia mexicana para delicia de los impresores de la época. Sensatos unos, extravagantes otros; realistas algunos e imposibles los más, el conjunto documental que forman revela lo que muchísimas ocasiones las constituciones formales no exhiben: la búsqueda de un sistema constitucional propio, adecuado a la realidad y a las necesidades locales o “gremiales”; el afán por encontrar alternativas para labrar un orden político propio después de que quedó claro el rompimiento definitivo del eficaz y duradero orden político virreinal. Estos documentos y los que todavía habrían de emitirse durante las décadas siguientes exhiben un anhelo de orden que, sin duda, las constituciones tanto federalistas como centralistas no lograron construir. De aquí que la historia constitucional mexicana del siglo XIX no pueda prescindir del análisis de los diversos golpes de Estado, levantamientos e insurrecciones, ni de las diversas dictaduras que se impusieron —tanto formales como informales— a lo largo de la centuria, ni, por supuesto, del caudillismo ni del caciquismo. Estos tres fueron verdaderos instrumentos de ordenación eficaz de una sociedad que aún no se veía a sí misma como integrada en un cuerpo nacional y, menos, como parte de un Estado moderno. Prácticas y anhelos propios de un régimen antiguo coexistieron con el discurso constitucional plasmado en cuatro constituciones, como en el campo del Derecho coexistió durante décadas el viejo orden jurídico novohispano con el nuevo orden jurídico —el Absolutismo jurídico— impulsado desde de los congresos centrales o federales y desde los ejecutivos locales o nacionales a través de la emisión ilimitada y muchas veces irresponsable de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y circulares. Y es que un signo de esos tiempos fue la fe puesta en la Constitución y en la ley como verdaderos talismanes que aseguraban de una vez y para siempre la felicidad de todos; al fin y al cabo la máxima promesa planteada por la modernidad.

Pronto se evidenciaron las limitaciones del texto constitucional centralista, comenzando con las del primer órgano de control constitucional vigente en México: el mentado Supremo Poder Conservador que ni fue supremo, ni poder, ni conservó nada. La respuesta federalista, la única que habría podido salvar al país del riesgo de fragmentación, se hizo valer con mínima fortuna entre los años de 1840 y 1843, cuando, sin importar mayor cosa la secesión de Yucatán, el centralismo volvió a dotar a la República de un nuevo texto constitucional; el menos conocido de nuestras constituciones decimonónicas y el de más breve vigencia: las Bases de Organización Política de la República Mexicana —también denominadas Bases Orgánicas, promulgadas por el general Santa Anna el 12 de junio de 1843 y consideradas por el jurista yucateco Isidro Montiel y Duarte (1821-1892) como “la expresión más caracterizada de Derecho constitucional del centralismo”.

Este texto —firmado por una mayoría de conservadores e, incluso, por un ex diputado al Congreso de Chilpancingo de 1813, Andrés Quintan Roo (1787-1851) — supuso la continuidad del régimen centralista en la República y la eliminación del controvertido cuarto poder establecido en la constitución anterior. Su propósito —independientemente del debilitamiento natural que habrían de sufrir los poderes “regionales”— fue afianzar el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Para entonces, la existencia de cuando menos 24 presidencias (en manos muchas veces de las mismas personas) en el lapso de 19 años pareció dar la razón a quienes comenzaron a achacar a la acción del Poder Legislativo los grandes males por los que pasaba la nación, lo que originó una tendencia entre los publicistas y políticos de la época para solicitar la figura de un Ejecutivo fuerte. La personalidad del general Santa Anna se avino muy claramente a ello. Sin embargo, este caudillo veracruzano nunca tuvo la talla del estadista que entonces exigía el país, y jamás dejó de ser un caudillo sometido a su propia vanidad y a la más absoluta irresponsabilidad que lo llevaron a abandonar el poder y a refugiarse en sus haciendas en cuanto las primeras dificultades entorpecían su personal proyecto político. Hombres de Estado escasearon, pero no le faltaron a la frágil nación que estaba a punto de enfrentar el más doloroso episodio de su joven historia: la derrota ante los Estados Unidos y la consecuente pérdida de la mitad del territorio nacional. Lucas Alamán (1792-1853), Manuel de la Peña y Peña (1789-1850), José Joaquín Herrera (1792-1854) y otros cuantos supieron proponer caminos transitables y dirigir la nave estatal en medio de las tormentas que se sucedieron y las que se avecinaron a poco de entrar en vigencia la segunda constitución centralista. Al igual que la anterior, dividió en tres el ejercicio de la soberanía nacional, pero incluyó lo relativo a un “poder electoral” que implantó un complicado sistema de elecciones que hacía intervenir a juntas primarias, a colegios electorales por cada departamento, a asambleas departamentales y a las dos Cámaras del Congreso. El segundo de sus artículos fue el último en referirse a la vieja articulación territorial heredada del pasado virreinal, modificándolo a tenor de lo acaecido entre 1821 y 1843: “El territorio de la República comprende lo que fué antes virreinato de Nueva España, capitanía general de Yucatán, comandancia de las antiguas provincias internas de Oriente y Occidente, Baja y Alta California y las Chiapas, con los terrenos anexos é islas adyacentes en ambos mares”. Por otro lado, reconoció los derechos de los “habitantes de la Republica” —excepto la libertad de opinión en materia religiosa— y de los extranjeros conforme a las leyes y a los tratados suscritos por México. La cuestión del patronato y la firma de un concordato con la Santa Sede —que finalmente había reconocido la independencia de México en 1836— se encargó al Congreso sin que se adelantara mayor cosa. La propiedad se consideró un derecho “inviolable”, sea que estuviera en manos individuales como bajo el dominio de las corporaciones, y se entendía que en éste quedaban incluidos los bienes de las comunidades de indios.

Tena Ramírez (1905-1994) calificó como “el periodo más turbulento de la Historia de México” los casi tres años que estuvieron con “nominal vigencia” las Bases Orgánicas; sin embargo, no fue así: los peores años estaban a punto de sobrevenir. La vigencia de aquéllas llegó a su fin en medio de la polémica suscitada por el general Mariano Paredes (1797-1849) y por Lucas Alamán en torno al restablecimiento de la monarquía limitada en México, conforme a lo establecido por el Plan de Iguala en 1821; es decir, bajo un monarca europeo. Y es que el mentado y anhelado orden constitucional republicano comenzaba a decepcionar a elites, militares y pueblo en general. La todavía débil línea divisoria entre liberales y conservadores, hasta entonces definida sobre todo en relación con el papel social y público de la Iglesia y frente a la libertad de conciencia, se fue fortaleciendo con el tema de la forma de gobierno y, como lo advirtiera muy pronto Otero, con el problema de la propiedad, sobre todo de la comunal o de la corporativa bajo el dominio de las llamadas “manos muertas”. En agosto de 1846, el movimiento de la Ciudadela de la Ciudad de México, encabezado por el general Mariano Salas (1797-1867), supuso el fin de la vigencia de unas Bases constitucionales que no pudieron o no supieron, una vez más, constituir a un Estado que cada día evidenciaba más sus debilidades políticas a propios y extraños. Uno de éstos, los estadunidenses, sabrían sacar raja de las mismas en su provecho.

La injusta y deplorable guerra que la República Mexicana y los Estados Unidos de América sostuvieron entre el 13 de mayo de 1846 y el 2 de febrero de 1848 cuenta con explicaciones diversas. Aquí importa señalar las que se relacionan con el devenir constitucional de México: la generalizada debilidad institucional del joven Estado, la falta de cohesión entre sus habitantes, la ausencia de una constitución fuerte y dotada de autoridad, la tensión entre centralistas y federalistas, la malentendida “soberanía” estatal, un ejército republicano y una economía débiles, la ausencia de una conciencia nacional, amplísimos territorios prácticamente deshabitados o en manos de tribus indígenas nunca incorporadas al orden político novohispano y, menos, al mexicano; la ya evidente pugna entre liberales radicales, liberales moderados y conservadores; entre republicanos y neo monárquicos; así como la ausencia de un jefe militar capaz de atraerse las adhesiones de una mayoría de patriotas para combatir con éxito la invasión estadunidense. Nuestra historia constitucional evidencia un episodio a la vez sorprendente y necesario: mientras las tropas de los Estados Unidos avanzaban sobre México, dos congresos —a la vez constituyentes y ordinarios— debatieron acerca de cuál sería la mejor forma de organizar políticamente al país; es decir, sobre cuál constitución escrita le sería más conveniente. En efecto, paralelamente a esa guerra, un efímero Congreso sin ningún resultado se reunió el 9 de junio y otro Congreso —ambos reunidos en la capital del país— comenzó a deliberar el 6 de diciembre de 1846 en torno a la posibilidad de restablecer la forma federal de Estado. Hacía pocos menos de siete meses que los estadunidenses habían presentado la declaración de guerra y, para entonces, San Diego, Los Ángeles, Santa Fe, Matamoros, Monterrey y el puerto de Frontera estaban ya bajo el control militar estadunidense.

Después de meses de vanas discusiones y obligado por las circunstancias, sobre todo por la necesidad imperiosa de contar con un organismo que diera legitimidad al gobierno mexicano para poder firmar la paz, el Constituyente de 1846-1847 decidió restablecer la vigencia de la Constitución federal de 1824 incorporándole una Acta de Reformas como parte sustancial. Esfuerzo inútil, si es que con ello se esperaba contar con el apoyo —económico y militar— de los restablecidos estados para combatir al invasor: sólo unos cuantos dieron el prometido apoyo a los poderes y al ejército federal; los demás simplemente enmudecieron. Únicamente el Poder Ejecutivo tuvo visos de cierta responsabilidad en esos angustiosos momentos y, sin embargo, entre el inicio de la guerra y su terminación, pasaron por dicho poder diez titulares, entre generales, ex oidores de Real Audiencia, ex insurgentes y médicos transformados en políticos. Ninguno fue capaz de frenar el avance militar estadunidense, pero algunos sí fueron capaces de disputar el poder a la primera oportunidad. Ante la ausencia de estadistas, la República amenazada puso su suerte en manos del indiscutible caudillo Santa Anna. Y así le fue. Por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, escrito enteramente por los invasores, México reconoció, entre otras cosas, la incorporación o, en su caso, la cesión a los Estados Unidos de los dilatados territorios de Texas, de la Alta California y de Nuevo México, casi el 55% de su territorio.

Desde el punto de vista constitucional, la sanción del Acta Constitutiva y de Reformas exhibe las ambigüedades sufridas al interior de la clase política mexicana pues el documento refleja un orden intelectual que contrasta radicalmente con el estado mental que por entonces podían tener tanto militares como gobernantes y diputados, enfrentados, como estaban, con el cotidiano anuncio de derrotas tras derrotas. Sólo es explicable la inteligencia que subyace en ese documento y la relativa serenidad que trasmite si se toma en cuenta que su autor fue un verdadero hombre de Estado, jurista conocedor de la realidad de la debilitada nación y confiado de que en medio de las tormentas se podía avanzar hacia el establecimiento de nuevas instituciones protectoras de los derechos del hombre: Mariano Otero, autor tanto del “Voto particular” acerca del Dictamen presentado por la Comisión de Constitución —en la que también figuraría Manuel Crescencio Rejón (1799-1849)— como del Acta. Sancionada el 21 de mayo de 1847 por Santa Anna, a pocos meses de que los estadunidenses tomaran la Ciudad de México y en medio de la radicalización de los conflictos entre la Iglesia y el Estado, la promulgación del Acta Constitutiva y de Reformas supuso su vigencia en forma paralela con la de la Constitución federal de 1824. Las principales reformas introducidas fueron una nueva composición del senado, la eliminación de la vicepresidencia de la República, el reconocimiento expreso de las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad; la supremacía de la Constitución sobre todos los poderes del Estado, la posibilidad de que el Congreso federal nulificara las leyes de los estados contrarias a la Constitución; la ratificación del carácter pétreo de algunos de los principios sancionados por el Acta, como “la independencia de la Nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal, y la división de los poderes generales como de los de los Estados”, pero ya sin ninguna referencia a la religión; y, sin duda la más notable y trascendente, la que dio nacimiento al juicio de amparo bajo la condición impuesta por Otero de protegerse exclusivamente “el caso particular” sobre el que versare el proceso que le diera origen.

Restablecido el federalismo, los años que siguieron a la guerra fueron de relativa calma. En ello tendrían que ver las consecuencias mentales, políticas y económicas provocadas por la inmensa pérdida territorial sufrida con motivo de la invasión estadunidense. La clase política mexicana, casi la misma que consumó la independencia, vio ondear el pabellón de las barras y las estrellas tanto en la Catedral como en el Palacio Nacional de México y con ello desvanecerse todas las ilusiones que se forjaron con la entrada del ejército trigarante a la Plaza Mayor de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La tristeza, la decepción, el coraje, la recriminación y el desconsuelo fueron mayores para quienes con una mínima visión de Estado entendieron que mucho de lo ocurrido había sido resultado de sus propias desavenencias, y de la ausencia de una nación unida y consolidada. La falta de apoyo de algunos estados, el desinterés de parte considerable de la población, la resistencia de la Iglesia a colaborar, la indiferencia de los pueblos indígenas, las pugnas egoístas entre las tres facciones políticas, habían contribuido a la vergonzosa derrota. El natural sentimiento de culpabilidad que todo ello provocó en la elite política y militar puede explicar, entonces, que por vez primera en la historia republicana se haya podido celebrar el cambio institucional de gobierno entre dos presidentes constitucionales. En efecto, el 15 enero de 1851, el viejo militar trigarante José Joaquín Herrera trasmitió el poder al general Mariano Arista (1802-1855), situación que no habría de volver a repetirse sino casi 30 años después, cuando Porfirio Díaz (1830-1915) entregue la banda presidencial a su sucesor y compadre Manuel González (1833-1893). Cuando éste, a su vez, se la devuelva pasados cuatro años, se habrán sumado las tres únicas transmisiones de mando pacíficas e institucionales que se llevaron a cabo en toda la vida republicana del sigo XIX, aun y cuando se sucedieron más de 63 gobiernos y un total de 35 figuras presidenciales.

Las dificultades para el Estado surgido de la guerra lejos de disminuir arreciaron con el problema suscitado ahora por la irrupción de las tribus indígenas localizadas en los inmensos territorios cedido a los Estados Unidos, con la consecuente desavenencia entre el Ejecutivo y el Legislativo federales. La única noticia favorable fue la reincorporación definitiva de Yucatán a México, si bien la razón tuvo que ver también con el problema indígena: la guerra de castas. Por si fuera poco, los estadunidenes continuaron con sus exigencias territoriales hasta lograr bajo la dictadura santaannista que el gobierno les vendiera el territorio de La Mesilla. La alteración más notable durante esta posguerra fue, sin embargo, el desplazamiento generacional sufrido en la elite política, militar y religiosa del país. Desacreditada la anterior generación con la derrota militar, una nueva, formada tanto en los seminarios como en los colegios militares y civiles, se arrogó el derecho de establecer los principios y las formas constitucionales que habrían de regular la vida institucional del Estado surgido de la guerra. En esta tarea los militares todavía desempeñarían un papel relevante, pero el debate ideológico se plantearía por parte de eclesiásticos, abogados y publicistas laicos pertenecientes a una pequeña burguesía urbana, letrada y nacionalista, capaz de entender y aprovechar el desafío que el avance de las ideas liberales presentaba tanto a Europa como a los países que por entonces comenzaron a identificarse como integrantes de una “América Latina”. Personajes que hasta entonces habían ocupado el centro del debate político tuvieron que ceder su protagonismo a quienes representaban las dos posiciones ideológicas surgidas décadas atrás pero ahora radicalizadas a tenor de los cambios sufridos en la economía, en las ideas y en las mentalidades colectivas del mundo occidental, mucho más proclive al ejercicio de las libertades públicas y mucho más individualista y secular. “Generación de la Reforma” se le ha denominado a este grupo de hombres que llevaron a sus últimas consecuencias y en forma radical los postulados del liberalismo político y económico del siglo XIX; eso sí, a un altísimo precio.

La década que trascurre desde aquella transmisión pacífica del mando presidencial hasta el inicio de la Guerra de Reforma, es decir, la década de 1850, revelaron que el nivel de tensión entre las distintas opciones que orientan el presente ensayo lejos de haber disminuido, aumentó, y en forma explosiva. En efecto, los conflictos entre constitución formal y constitución real, entre monarquía y república, entre centralismo y federalismo, entre Ejecutivo y Legislativo, entre el Estado y la Iglesia, entre democracia y dictadura, entre centralismo y regionalismo, entre propiedad individual y propiedad comunal, y entre modernidad y tradición continuaron muy vivos en el México de mediados del siglo. El tiempo para la conciliación y el diálogo, el de la moderación y de la prudencia en la tarea transformadora se agotó y dio paso a un reclamo generalizado, independientemente de su tinte ideológico: la existencia de un gobierno fuerte. Éste fue el deseo común que explica las dictaduras de Santa Anna entre 1853 y 1855, de Juan Álvarez en 1855 y de Ignacio Comonfort entre 1855 y1857, así como el uso arbitrario de las facultades extraordinarias y el autoritarismo por parte de Benito Juárez entre los años de1859 y1872, la opción monárquica de Maximiliano I durante el trienio de 1864 a 1867, y, finalmente, la dictadura “constitucional” de Porfirio Díaz durante el largo periodo de 1876 a 1910. Gobiernos fuertes todos que implicaron la consecuente debilidad del Poder Legislativo y la continuidad de la sumisión del Judicial, pero que también se propusieron establecer en definitiva un mínimo orden político que pusiera fin de una vez por todas a la anarquía y a los conflictos entre los poderes; orden indispensable para realizar las transformaciones que el país exigía para lograr un mejor desarrollo económico, para gozar del uso pleno de las libertades por parte de los ciudadanos —representantes de la emergente burguesía urbana— y, por fin, para establecer la paz definitiva entre los mexicanos. Si para ello hubo que prescindirse del estricto acatamiento al texto constitucional, esto no implicó reparo alguno para los nuevos gobernantes que, habiendo dejado atrás a los tradicionales caudillos locales o regionales, alcanzaron ahora sí, algunos de ellos, la talla de auténticos estadistas. El debate constitucional en esta materia llegaría a presentarse con la misma fuerza con que años después tuvo su desinterés. En efecto, si en las décadas de 1850 y 1860 llegó a convertirse en verdadera bandera de lucha, para las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX pasó a ser algo meramente instrumental, útil para legitimar las decisiones tomadas por un Poder Ejecutivo federal transformado en dictador.

En el ínter, la lucha fue encarnizada. Primero entre el Ejecutivo federal y el Legislativo, reacio a otorgar al presidente Arista las facultades excepcionales indispensables para combatir las incursiones indígenas en el norte del país. Cansado y decepcionado, declinó el poder y se fue a morir a Portugal. Sin embargo, la victoria del Congreso fue pírrica. Otros sucedieron a Arista y doblegaron la voluntad legislativa para imponer la dictadura formal disolviendo incluso al Congreso, como Iturbide década atrás. La rueda de la fortuna favoreció nuevamente al presidente Santa Anna, únicamente para, desde el poder absoluto, insistir en las bondades que traería al país ¡el establecimiento de una monarquía constitucional bajo la cabeza de un príncipe extranjero! El Padre de la República, el enemigo del proyecto trigarante, el eterno manipulador, volvió sus ojos ahora hacia la monarquía como única fórmula idónea para fortalecer el gobierno y mantener el orden y la paz. Lo que no deja sorprender es que no tuviera la intención de colocarse la corona en su testa sino, dentro de la fórmula Iguala-Córdoba, en la cabeza de un monarca extranjero. En este camino, no obstante, se topó con la oposición de la nueva generación de políticos y publicistas liberales quienes, por su lado, no dejaron de proclamar las bondades de contar con un gobierno fuerte. Llamado por unos y otros, Santa Anna se inclinó en pro de los conservadores quienes encontraron la oportunidad de radicalizar su programa político en la voz de Lucas Alamán: conservación de la religión católica, esplendor del culto, conservación de los bienes eclesiásticos y concordato con la Santa Sede; gobierno fuerte, antifederalismo y contrario al sistema representativo por el orden de elecciones, “y contra todo lo que se llama elección popular”; nueva división territorial que “haga olvidar la actual forma de estados”; reforma militar basada en la reactivación de las milicias provinciales, y sustitución del Congreso por consejos “poco numerosos” capaces de llevar a cabo este programa. En consecuencia, el camino hacia la dictadura quedó abierto y Santa Anna se apresuró a ejercitarla. El 22 de abril de 1853, se promulgaron las Bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución cuyo breve contenido excluyó cualquier referencia al Congreso, reguló el funcionamiento del Consejo de Estado y suspendió la actividad de las legislaturas estatales. Muerto Alamán en junio de ese año, no hubo nadie capaz de frenar el poder del dictador. La dictadura transitoria prevista por aquél se transformó en una dictadura personalista, que llegó incluso a obtener por vía plebiscitaria la prórroga indefinida de sus funciones y la facultad de nombrar a su sucesor.

La extinción del régimen federal, la preocupante inclinación en favor del restablecimiento de la monarquía en México, el irrespeto a las más elementales formas de expresión de un régimen democrático, el reforzamiento del papel otorgado a la Iglesia, las aspiraciones de una burguesía incipiente ávida de obtener o incrementar propiedades inmuebles, el castigo infringido a caciques y caudillos locales tradicionales, la irrupción de una generación de políticos e intelectuales liberales defenestrados, y los excesos de todo tipo cometidos por el gobierno dictatorial llevaron a la proclamación de uno más del sinnúmero de planes políticos que hasta entonces se habían publicado a todo lo largo y ancho del país. Como en otras muchas ocasiones, se dio a conocer en un olvidado y recóndito pueblo —Ayutla— ubicado en el desaparecido Estado de Guerrero. Su autor fue un coronel de origen cubano, Florencio Villareal (1806-1869) y su fecha, el 1 de marzo de 1854. El Plan de Ayutla —como antes el de Iguala y después el de Tuxtepec— estaría llamado a trascender en la historia política mexicana porque su naturaleza fue casi constituyente: anunció el fin de una época y el comienzo de otra muy distinta plagada de novedades; entre otras, una nueva constitución escrita y una nueva manera de entender el ejercicio del poder político y su distribución tanto entre los tradicionales poderes de estirpe francesa como entre el conjunto de estados, regiones, ciudades, pueblos y villas del territorio nacional; asimismo, anunció el triunfo de la causa liberal y con ello la más radical transformación social, económica e ideológica habida en el México del siglo XIX. Si la independencia conseguida en 1821 supuso una auténtica revolución institucional, la llamada Reforma iniciada en Ayutla implicará otra revolución en los planos económico, social e intelectual. Y si aquélla se intentó cubrir bajo el manto constitucional, ésta también. Sin embargo, en ambos casos la cubierta hubo de ceder en favor de una realidad no tan fácil de modificar… y el proceso revolucionario tuvo necesariamente que limitarse en tiempo y en intensidad.

De entrada, el Plan de Ayutla hubo de reformarse diez días después de su promulgación en el puerto de Acapulco para incluir una disposición dirigida a favorecer la libertad de comercio, y todas sus demás propuestas quedaron en vigor: el desconocimiento del gobierno de Santa Anna, la elección de un presidente interino dotado de facultades dictatoriales provisionales, la obligación de convocar a un Congreso constituyente extraordinario que se ocuparía en forma exclusiva de “constituir a la Nación bajo la forma de República representativa popular”, y el ofrecimiento a los generales Nicolás Bravo, Juan Álvarez (1790-1863) y Tomás Moreno (1800-1864) para ponerse al frente de las fuerzas encargadas de su “completa realización”. El autor de la reforma fue un coronel de hasta entonces poca relevancia política y militar, Ignacio Comonfort (1812-1863), a quien le tocaría encauzar al país por la senda reformista.

La dictadura transitoria —a la romana— sustituyó, pues, a la dictadura permanente deseada por Santa Anna quien, después de una débil resistencia, abandonó el país por enésima ocasión y el poder en forma definitiva: otros hombres y otras circunstancias se encargarían de sustituirlo a él y al México de su tiempo; lamentablemente, sin que dejara de correr la sangre mexicana. En efecto, la “Gran Década Nacional”, como la llamara Miguel Galindo y Galindo (1843/4-1915) que corrió de 1857 a 1867, es una década de enfrentamientos armados, primero por la guerra civil entre liberales y conservadores, e inmediatamente después por la lucha de los republicanos liberales en contra de los monárquicos mexicanos apoyados por Francia y por fuerzas militares austriacas y belgas. Años dolorosos donde las instituciones no desempeñaron un papel relevante pero sí el imaginario constitucional en torno a la Constitución federal sancionada el 5 de febrero de 1857. En este contexto, volvió a debatirse acerca de la forma de Estado que la nación debía adoptar.

La dictadura autorizada por el Plan de Ayutla permitió a dos gobernantes —Álvarez y Comonfort— iniciar un periodo de reformas que significó trascendentales modificaciones al marco institucional de la República: desde la disolución del viejo ejército nacido de las Reformas Borbónicas y que había consumado la independencia, así como enfrentado las guerras contra Texas, Francia y los Estados Unidos, hasta el inicio de la secularización de la vida pública de los mexicanos al dictarse las primeras medidas en contra de la intervención de la Iglesia en la administración de justicia (Ley Juárez) y promulgarse la que ordenó la desamortización de los bienes inmuebles de las corporaciones civiles y eclesiásticas (Ley Lerdo), que afectaría tanto al régimen de propiedad comunal de los pueblos y comunidades indígenas como a las instituciones de beneficencia y educativas, municipios y órdenes religiosas. Con todo, estas dictaduras cumplieron con su promesa de convocar la reunión de un nuevo congreso constituyente para confirmar la voluntad republicana de la nación pero sin determinarla hacia alguna forma de gobierno en Estado en particular, lo que quedó decidido hasta cuando la mayoría de los diputados electos se inclinaron por el restablecimiento de la federación.

El Congreso Constituyente previsto debió de reunirse en el pueblo de Dolores, en el Estado de Guanajuato, pero finalmente se reunió en la Ciudad de México, concretamente en uno de los salones de Palacio Nacional, entre el 17 de febrero de 1856 y el 5 de febrero del año siguiente. En el ínter, Comonfort ejerció la dictadura y expidió un Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana sancionado el 15 de mayo de 1856 con el cual, y sin meterse decididamente en el debate acerca de la forma de Estado, formalmente gobernó en tanto se promulgaba la nueva constitución. Este Estatuto incluyó una importante sección dedicada a las “Garantías individuales”, reglamentando en forma detallada las de libertad, seguridad, propiedad e igualdad; que consideraba a la tercera como “inviolable” pero sujeta a ocupación en caso de utilidad pública. Y si bien incluyó a los “Estados y Territorios”, el nombramiento de sus respectivos gobernadores recayó entre las facultades del presidente de la República, lo que ocasionó el rechazo de los propios constituyentes y, obviamente, el de algunos de los gobernadores estatales.

Con todo, el gran debate dentro del seno del Constituyente no fue acerca de la forma federal o central que habría de adoptar el Estado, ni siquiera sobre la posibilidad de restablecer la vigencia de la Constitución de 1824, reformada en 1847. El debate que pasaría a la historia sería el entablado entre las dos formas de liberalismo presentes en esa asamblea: moderado o “puro”, toda vez que los conservadores nunca estuvieron representados en su seno como consecuencia del convenio celebrado en la ciudad de Lagos entre Comonfort y el general conservador Antonio Haro y Tamariz (1811-1869) hacia septiembre de 1855. Habiendo triunfado la causa de los “puros” en el Constituyente —excepto en el espinoso tema de las relaciones con la Iglesia—, el debate final entre éstos y los conservadores se resolvería por las armas, primero en la Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma (1858-1860) y, finalmente, en la fase última de la guerra entre los republicanos y los imperialistas diez años después (1866-1867).

El Constituyente también estuvo facultado para revisar los actos de las dos administraciones dictatoriales, pero su principal cometido consistió en debatir en torno al proyecto presentado por la comisión designada al efecto. Éste era decididamente republicano y federal, y, aunque mencionaba a Dios, también secular. Consagraba un gobierno democrático, representativo y popular; reconocía los “Derechos del hombre” y la ya tradicional división de poderes; omitía cualquier declaración sobre la religión del Estado y establecía la libertad de cultos, si bien disponía una protección especial a la religión católica “mediante leyes justas y prudentes”, y también consagraba la libertad de enseñanza.

Entre los amplios debates que se sucedieron a lo largo de los meses siguientes, sobresalieron los que tocaron creencias e instituciones muy sensibles para el pueblo mexicano: la religión y la propiedad. Decididamente liberal, el discurso de los diputados constituyentes se alejó de la realidad mexicana para intentar someterla desde el poder constitucional a un proceso paulatino de reformas que, de no haberse sucedido la oposición bélica conservadora, hubiera logrado aceptarse a la larga por la sociedad. Por desgracia no fue así, y los años de esa “Década Nacional” fueron años donde las transformaciones se radicalizaron y se impusieron por las armas fuera de cualquier debate y marco constitucional. Es decir, violentando decididamente lo dispuesto por la Constitución que unos dijeron defender y otros atacaron de raíz. Lo más lamentable es que tanto los liberales como los conservadores —no necesariamente republicanos unos y monárquicos los otros— acudieron al apoyo de otras naciones, como si los mexicanos fueran incapaces de resolver por sí mismos sus conflictos de constitucionalidad y de gobierno. El punto más controvertido del debate constitucional fue, sin duda, el religioso. Pero también la propiedad, como ya lo había señalado Otero en su “Voto particular” y lo haría Ponciano Arriaga (1811-1865) dentro del Constituyente de 1856 en uno similar, que comenzó a ser causa de discordia pues la Constitución misma favorecía la propiedad individual en contra de la propiedad corporativa y la comunal. No menos importante fue el debate en torno, una vez más, a las relaciones entre los poderes federales, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Constitución Política de la República Mexicana se juró finalmente el 5 de febrero de 1857. En menos de un año fue desconocida por el propio presidente que la promulgó, aduciendo la imposibilidad de gobernar con ella. Al hacerlo, dio la señal de arranque para la Guerra de Reforma. Sus propias decisiones —anteriores y posteriores a la promulgación de la Constitución— contribuyeron en mucho a precipitarla: la intervención de los bienes de la diócesis de Puebla, las leyes Juárez y Lerdo, la nueva supresión de los jesuitas, la supresión de la Universidad de México, la promulgación del decreto sobre el cobro de aranceles parroquiales a los pobres (Ley Iglesias), la destrucción del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México, entre otras. Y la guerra fue el preámbulo para la revolución más que para la Reforma, si bien este nombre se consagró en la historia mexicana. Revolución que dividió al país, sacrificó a muchos de sus hijos, lo sometió en muchas ocasiones a las decisiones tomadas por otras naciones, puso en riesgo una vez más su territorio y su independencia, y despojó a la gran masa indígena de sus propiedades en aras de la gestación de una burguesía rural y urbana que empujara al resto de la sociedad hacia la modernidad. La bandera de esta guerra, de esta segunda revolución o Reforma, fue precisamente la Constitución, no obstante que tanto tirios como troyanos fueran incapaces de respetarla, tal vez porque, como afirmara Comonfort, resultó imposible gobernar con ella.

El texto constitucional aprobado en febrero de 1857 estableció un régimen republicano, federal, democrático, representativo y popular. Hizo residir la soberanía nacional en el “pueblo”. Como el proyecto del que se originó, omitió cualquier referencia a una religión de Estado pero no consagró la libertad de cultos, aunque sí la libertad de enseñanza, los “derechos del hombre” —cuyas garantía fueron otorgadas por la propia Constitución— y el juicio de amparo con la fórmula Otero. Asimismo, incorporó en su artículo 27 la Ley Lerdo, y en el 13 la Ley Juárez. Dividió el territorio nacional en 23 estados, un territorio y un Distrito Federal, y ratificó la división de los poderes entre un congreso unicameral, un presidente de la República con duración de cuatro años en su cargo, y una Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales. Además de su contenido liberal, lo más destacable de este cuarto texto constitucional mexicano fueron, sin discusión, los límites impuestos al Poder Ejecutivo federal en favor del Congreso de la Unión. Evidencias de esta clara tendencia parlamentaria fueron las disposiciones que establecieron la Cámara única del Congreso, la ausencia del veto presidencial, la comunicación verbal entre ambos poderes, la ausencia de restricción de la diputación permanente para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, y la limitación impuesta al presidente para salir de la residencia de los poderes federales sin permiso del Congreso. Como compensación, y sólo en “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros” que pusieran “a la sociedad en grande peligro o conflicto”, el presidente podría suspender las garantías otorgadas por la Constitución y obtener el uso de facultades extraordinarias —el texto constitucional las llamó “autorizaciones”— para hacer “frente a la situación”. El gobierno constitucional de Benito Juárez sabría cómo utilizar estas facultades para emprender el proceso revolucionario de la Reforma, para combatir con éxito a la Intervención Francesa y al Segundo Imperio, y para perpetuarse en el poder presidencial hasta su muerte. Las facultades extraordinarias fueron, en efecto, la válvula de escape del presidente ante la sumisión impuesta al Ejecutivo federal por la Constitución en favor del Congreso. Sin su ejercicio político —indebido jurídicamente a todas luces—, no hubiera sido posible la gran transformación social del México decimonónico, así como la defensa definitiva de la república frente a la monarquía. Por el contrario, el uso indiscriminado de dichas facultades anunció y anticipó el poder dictatorial del presidente Porfirio Díaz (1830-1915) dentro, paradójicamente, de la vigencia ininterrumpida de la Constitución liberal.

Antes de esa “dictadura constitucional” que se prolongará por casi 27 años, México, el Estado, la República, el federalismo, la democracia, los liberales, el régimen de la propiedad y la propia Constitución hubieron de enfrentar una guerra civil, la nunca satisfecha ambición territorial estadunidense, una intervención tripartita de naciones europeas, una invasión francesa y el establecimiento de un nuevo Imperio. Si bajo el manto republicano se movieron los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y entre centro y estados federales, los que llevaron a la guerra y a la intervención francesa fueron las luchas definitivas y feroces entre liberales y conservadores, entre el Estado y la Iglesia, y entre republicanos y monárquicos. Las dos primeras se ventilaron en la Guerra de Tres Años e implicaron la derrota transitoria de los conservadores enemigos de la vigencia de las Constitución del 57, así como a la expedición inconstitucional pero efectiva de las llamadas Leyes de Reforma entre los años de 1859 y 1863 que acabarían por socavar definitivamente el tradicional poder económico y político de la Iglesia católica. La sociedad que surgiría de la Reforma —apoyada en su momento por el propio emperador Maximiliano— sería más secularizada, menos corporativizada, más liberal e individualista, satisfecha con el exterminio de la propiedad comunal; laica, antidemocrática y creyente en el progreso; es decir, una sociedad moderna capaz de lanzarse mediante la paz obtenida por las fuerzas militares liberales y el autoritarismo de sus presidentes a la conquista de un lugar respetable entre las naciones y de un espacio en el mercado mundial.

La Reforma fue, hay que insistir, una auténtica revolución. Implicó un cambio definitivo en los tradicionales actores políticos, económicos, jurídicos y sociales cuyos efectos no se hicieron sentir inmediatamente pero tampoco a muy largo plazo. Las leyes de desamortización de las corporaciones civiles y eclesiásticas, y la de nacionalización de los bienes de la Iglesia, beneficiaron a una burguesía capaz de impulsar una gran transformación sobre todo de las fincas rústicas, lo que no dejó de causar enormes y lamentables efectos en los otrora pueblos de indios o la irrupción de un conjunto de ardides jurídicos para evitar o evadir el cumplimiento de la novedosa legislación. La práctica de sobrevivir a la aplicación de la Constitución mediante subterfugios legales o componendas jurídicas comenzó, ahora sí, a convertirse en una situación generalizada llamada a perpetuarse durante todo el siglo siguiente. Y es que, en el fondo, el triunfo formal de la nueva Constitución no significó su total aplicación real. Tanto las comunidades de indios como la Iglesia sabrían cómo conservar mediante el uso de subterfugios legales los bienes que les fueron despojados por la ley sin ninguna compensación de por medio. Pero la Reforma no sólo incidió en la propiedad, sino también y aún más en las ideas, prácticas y mentalidades colectivas. En efecto, la separación total de la Iglesia y del Estado, la supresión de las órdenes religiosas masculinas y femeninas, la supresión de cofradías y hermandades religiosas, la instauración del matrimonio civil y su consideración como un mero contrato, el control sobre el estado civil de las personas mediante un registro civil, las secularizaciones de los cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia, la formación de un calendario festivo estatal, la exclusión de la enseñanza religiosa en los establecimientos educativos oficiales y la gratuidad de la impartida por el Estado, y, por fin, la esperada libertad de cultos, cambiaron el modo de ser, de pensar y de actuar de los mexicanos en forma definitiva y les permitieron articularse con los grandes cambios sufridos casi simultáneamente en todo el mundo latino, tanto europeo como americano. Su aprobación, en Veracruz o en México, hizo que la guerra entre liberales y conservadores, apoyados éstos por el ejército federal y aquéllos por naves y armamento estadunidenses, se convirtiera en una guerra religiosa e impulsara al grupo derrotado a buscar en Europa el apoyo necesario para restablecer una monarquía constitucional católica. La ocasión se dio cuando, a raíz de la suspensión del pago de la deuda externa decretada por el gobierno juarista, Inglaterra, España y Francia enviaron a Veracruz sus respectivas flotas para exigir el pago de lo adeudado. La Francia de Napoleón III (1808-1873) vio llegar la oportunidad esperada y anunciada por los conservadores mexicanos en el exilio. En 1862 inició su avance sobre territorio mexicano y en 1863 logró establecer la monarquía bajo la forma imperial y en la persona de Maximiliano de Habsburgo. Lo notable del caso es que las intenciones de los imperialistas mexicanos contrastaron con los deseos de los franceses y del propio emperador: éstos lucharían por establecer en México una monarquía liberal y constitucional, acorde con las leyes impulsadas por la Reforma republicana.

Acerca del establecimiento del Segundo Imperio mexicano, no caben las interpretaciones simplistas que han pretendido desconocer su realidad formal y material, o calificarlo como algo inexplicable, ilógico, extraño y resultado de una imposición foránea. No se puede desconocer que hacia las décadas de 1840, 1850 y 1860, y sobre todo después de la derrota frente a unos Estados Unidos —que nunca dejó de exhibir su apetito territorial sobre México—, la opción de la monarquía tal y como la había sugerido Iturbide en 1821 volvió a plantearse como posibilidad real para encaminar al país por la senda de la paz, el orden, la justicia y el progreso; si bien no en la forma abrupta ni radical como la llevarían a cabo los hombres de la Reforma. En este sentido, no puede desconocerse la existencia de un Imperio mexicano que no abdicaría de su pretensión de arreglar su vida institucional conforme a un orden constitucional moderno, si bien no le alcanzara el tiempo ni le favorecieran las circunstancias para realizarlo. Y es que dicho Imperio, lejos de hacer suyo el programa de los conservadores, apostó por un programa reformista liberal diseñado por ministros y consejeros franceses, por la propio mano del emperador, y por un conjunto de publicistas mexicanos liberales puestos al servicio del Imperio, lo que le valió de inmediato la crítica y la enemistad de quienes desde México o en Europa habían conspirado para traerlo a ocupar el trono de México. Habiendo Maximiliano prometido una constitución que limitara el poder imperial, sin embargo, nunca llegó siquiera a presentarla para su discusión. Su intención quedó en el papel y en algún proyecto muy poco conocido. Lo único que consiguió promulgar para ordenar y regular el funcionamiento de las instituciones políticas del Imperio fue un Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, aprobado el 10 de abril de 1865 y que dispuso, entre otras cosas: que la soberanía nacional fuera representada por el emperador; la forma de gobierno, “la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico”; la ausencia de una división de poderes; la inexistencia del Poder Legislativo; el establecimiento de comisarios y visitadores imperiales encargados de precaver y enmendar los abusos de los funcionarios públicos, y de prefectos y subprefectos políticos; la existencia de diversas “garantías individuales”; la definición del “territorio de la Nación”, y la regulación del “pabellón nacional”. Su vigencia fue real aunque limitada tanto territorial como temporalmente. La auténtica obra transformadora del Segundo Imperio en materia social, jurídica, política y económica no hay que buscarla, en consecuencia, en algún documento de naturaleza constitucional, sino en el conjunto de leyes, decretos y reglamento que expidió el emperador Maximiliano desde su llegada a México en abril de 1864; sobre todo en aquellos que ratificaron las Leyes de Reforma, reglamentaron la instrucción pública y, de forma sobresaliente, atendieron a los problemas de la tierra y de las “clases menesterosas”, en especial los de las comunidades indígenas afectadas por las leyes desamortizadoras republicanas.

El triunfo de la República en 1867 significó la victoria definitiva sobre los conservadores, sobre la Iglesia, sobre los centralistas, sobre las formas de propiedad comunal y corporativa, sobre los poderes Legislativo y el Judicial, y sobre los regionales; pero también, lamentablemente, sobre la democracia, como se pudo constar en los siguientes años durante los cuales México alcanzaría la modernidad jurídica y la económica, no así la política y, menos, la social. Tal vez porque los caminos de estos cuatro tipos de modernidad no corrieron en paralelo ni con la misma velocidad, hubo necesidad de “inventar” una forma de gobierno que las conciliara. El invento lo diseñó y anticipó el propio presidente Juárez pero su cabal instrumentación y sus resultados fueron obras de su paisano, el general Porfirio Díaz. Su nombre, el Porfiriato, si bien Luis González y González (1925-2003) advirtiera que debe distinguirse —también dentro de la historia constitucional— entre Porfirismo, Porfiriato y Porfiriazo, dado los casi 34 años en los cuales Díaz se convirtió en el protagonista de la historia política mexicana. Las claves del invento: la “dictadura” dentro de la vigencia formal (y en cierta manera también material) de la Constitución de 1857, así como la política de conciliación y el equilibrio entre los extremos: un régimen republicano-monárquico, estados federales sometidos al poder central, un liberalismo conservador, una democracia-dictatorial, un Ejecutivo dominante y poderoso, la vigencia formal de una constitución frente a la real de otra jamás promulgada ni reconocida, unos gobernadores-caciques sometidos al señor presidente, y una pública tolerancia de masones y positivistas hacia una Iglesia renovada y fortalecida. Así, de facto, triunfó la constitución real sobre la formal. Lo que no pudo conciliarse jamás fueron los diversos tipos o formas de propiedad: el individualismo burgués arremetió con todos sus intereses en contra de pueblos y comunidades por considerar superiores las bondades de la propiedad privada frente a la comunal. Así de simple, y así de trágico.

La entrada del presidente Benito Juárez a la capital de la República restaurada y el fusilamiento del emperador Maximiliano en Querétaro implicaron el fin de la monarquía a la vez que la posibilidad de restaurar la vigencia plena de la Constitución de 1857, hasta entonces de mínima y escasa aplicación dado el estado de excepción que vivió el país, lo que justificó hasta cierto punto el uso exorbitante de la facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo federal. Lejos de ello, y en forma por demás sorprendente, en agosto de 1867 Juárez convocó al pueblo para que autorizara al congreso ordinario a aprobar una serie de reformas a la Constitución dirigidas a fortalecer el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esta iniciativa fue ampliamente rechazada, lo que obligó al presidente a seguir utilizando —con mayor moderación, desde luego— las facultades extraordinarias hasta su muerte acaecida en 1872. Esas reformas fueron aprobadas finalmente en noviembre de 1874, un año después de que se incorporaran al texto constitucional las Leyes de Reforma que hasta entonces habían regido fuera de la órbita constitucional. Las modificaciones aprobadas implicaron el restablecimiento de la Cámara de Senadores y la instauración del veto presidencial, principalmente. Años más tarde, bajo el largo gobierno del presidente Díaz, la Constitución fue reformada en más de 20 ocasiones, siendo la reelección y la sucesión del presidente las reformas más relevantes en materia política. Las elecciones federales y locales se celebraron puntualmente durante más de tres décadas, con lo que se pretendió salvar el prestigio de la democracia establecida por la Constitución; sin embargo, nada pudo ocultar la dictadura existente en un país que, por fin, encontró la paz, la senda del progreso, el exterminio de los poderes caciquiles, de los bandoleros y de los secuestradores, y la reconciliación nacional en la importante materia religiosa. El precio de esa paz fueron, no puede desconocerse, las libertades políticas y muchas de las garantías individuales consagradas por la Constitución.

El conocimiento de la Constitución fue objeto de una más de las varias cátedras que integraron los planes de estudio de las escuelas de Derecho establecidas en las principales capitales de los estados y en el Distrito Federal; quizá la menos aplicable y útil de todas, y donde jamás se estudió o reflexionó sobre la verdadera y aplicable Constitución del país: la que no constaba por escrito. Salvo en el tardío estudio sobre La Constitución y la Dictadura (1912) de Rabasa, en ninguno de los textos de Derecho Constitucional publicados en los tres periodos identificados por Luis González se reflexionó acerca de la constitución real del Estado mexicano. Y, sin embargo, abogados y notarios, intelectuales y propietarios, legisladores y gobernante, así como el pueblo letrado, pudieron conocer de la existencia de un texto donde se consagraban el sistema democrático, las libertades políticas e individuales, así como las garantías a los derechos de todos los individuos. Cuando la lucha política de Francisco I. Madero (1873-1913) comience y se extienda hasta el uso de las armas, tanto él como su continuador Venustiano Carranza levantarán la defensa de la Constitución de 1857 como estandarte de la insurrección contra la dictadura. De manera paradójica, esta lucha derivará hacia la elaboración de un magno proyecto reformista que culminó ciertamente con la promulgación de una constitución diferente, resultado de los trabajos de un nuevo Congreso Constituyente: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. También a ésta le tocará resolver, una vez más, varias de las tradicionales tensiones surgidas en la historia constitucional mexicana; las que en definitiva implican el ejercicio eficaz del poder político: Estado vs. Iglesia, estados vs. federación, Ejecutivo vs. Legislativo, democracia vs. dictadura y, la principal de todas, la que en definitiva marcará el proceso revolucionario que comenzó en noviembre de 1910: la tensión entre propiedad nacional, propiedad comunal y propiedad individual. Tensiones, todas, que no son sino la expresión de un conflicto mayor: el que ha enfrentado y enfrenta la tradición con la modernidad; el gran tema de la historia del constitucionalismo mexicano.

B. El mundo constitucional mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX

Conferencia impartida por: Dr. Manuel Alexandro Munive Páez (Escuela Libre de Derecho) Ver Conferencia

El constitucionalismo mexicano posterior a las reformas de 1874 se caracterizó por una actividad importante llevada a cabo por diversos abogados que desde la judicatura como desde el foro y la academia fueron conformando las bases para el diseño constitucional de la Carta Magna de 1917, a pesar del “debilitamiento” del poder Judicial frente al Ejecutivo.

El desarrollo del juicio de amparo a lo largo de finales del siglo XIX generó un importante desarrollo de la jurisprudencia y, en consecuencia, de la doctrina constitucional mexicana; temas tales como la incompetencia de origen, autoridades de facto, expropiaciones, etc., sirvieron de base para las primeras épocas de la jurisprudencia mexicana al tenor de la Constitución de 1857 y sus diversas reformas. Cabe destacar la actividad de Ignacio L. Vallarta y sus diversos votos particulares emitidos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, desde la academia, se refunda la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1867 y, partir de ese momento, se establece como materia del cuarto año la materia de Derecho Constitucional y Administrativo, la cual se separa en dos en 1869. Diversos fueron los abogados-profesores que fueron conformando la doctrina constitucional en México en las postrimerías del siglo XIX, tales como algunos de los siguientes los juristas y sus obras: Teodosio Lares —Lecciones sobre Derecho Administrativo—, Isidro Montel y Duarte —Derecho Público Mexicano (1871-1882), Legislación Comparada: Estudio sobre las garantías individuales (1873), Vocabulario de Jurisprudencia (1878)— y José María del Castillo Velasco —Apuntamiento para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano (1871).

A los anteriores les sucedieron Eduardo Ruiz —Derecho Constitucional (1902)—, Luis Labastida —Derecho Administrativo (1899)—, Emilio Rabasa —La Constitución y la Dictadura (1912)—, Aquiles Elorduy, Miguel Lanz Duret —Derecho Constitucional Mexicano—, principalmente. Por otra parte, diversos constitucionalistas tuvieron una importante actividad fuera de la Ciudad de México, como Mariano Coronado en Jalisco. Cabe resaltar que fueran profesores de Derecho Civil como José Natividad Macías y Luis Cabrera los que tuvieran una influencia importante sobre Carranza, que se vio reflejada tanto en diversas disposiciones del periodo “preconstitucional” como en el proyecto presentado de reformas a la Constitución de 1857 que serviría de base para la de 1917.

La Constitución de 1857 tuvo 34 reformas (Flores, 2007, pp. 320-324), de las cuales las principales se refieren a la incorporación de las Leyes de Reforma, la restauración del Senado, la erección de diferentes estados y prohibiciones a éstos, la reforma al Poder Judicial, la reelección y sustitución del presidente del República, así como extensión del periodo, la restauración de la vicepresidencia, alcabalas y aranceles, la ampliación de facultades del Congreso federal, y la ampliación de supuestos para la pena de muerte (Tena Ramírez, 2008, pp. 697-717).

Foro, academia y judicatura generaron un ambiente propicio para que el Constituyente de 1916-1917 pudiera retomar experiencias, postulados y principios que dieron lugar a una nueva Carta Magna.

La fase de la Revolución iniciada por Madero tuvo como objetivo primario terminar con el régimen de Díaz y dar paso a un sistema verdaderamente republicano, movimiento que fue apoyado por sectores diversos de la población, mismas que buscaban la reivindicación de diferentes causas, tanto políticas, como económicas y sociales; sin embargo, durante el gobierno maderista sólo hubo una reforma constitucional relacionada con la prohibición de la reelección del presidente, vicepresidente y gobernadores (Flores, 2007, p. 324; Gamas, 2007, p. 326).

Por otra parte, es claro que la Revolución trajo consigo un cambio importante en el mundo constitucional mexicano. Sobre sobre todo porque, a partir de que Huerta derroca a Madero, el estandarte principal del movimiento en términos generales fue el restablecimiento del orden constitucional en el país, así como las reivindicaciones en materia agraria y laboral, razón por la cual el movimiento encabezado por Carranza tomó el nombre de “constitucionalista”.

Diversas fueron las posturas para llevar a cabo lo anterior: la que planteaba la generación de una nueva constitución (corriente jacobina), la que simplemente señalaba que debía restaurarse la vigencia de la Constitución de 1857 (convencionalistas) y la otra que abogaba por la reinstalación de la Constitución de 1857 con algunas reformas generales y su desarrollo en leyes secundarias (carrancista).

Diversas han sido las discusiones doctrinales sobre la verdadera naturaleza de la Constitución de 1917, así como acerca de la intención de Carranza al respecto; sin embargo, tanto material como formalmente se puede afirmar que se trata de una nueva constitución, en virtud de su génesis y avance en materia social.

En efecto, aunque desde un inicio el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza argumentó la reinstalación de la Constitución de 1857, incluso utilizando el lema “Constitución y reformas”, lo cierto es que desde el punto de vista formal, el procedimiento mediante el cual Huerta asume la presidencia había cumplido los requisitos constitucionales para ello (Gamas, 2007, p. 357) y, por lo tanto, la Constitución continuaba “vigente”.

No obstante, tanto el Plan de Guadalupe, sus adiciones y reformas, así como la convocatoria al Constituyente pueden tener su fundamento en el artículo 128 de la Constitución de 1857, pero independientemente de ello, como el texto de 1917 es fruto de un movimiento armado en donde se destituyeron a las autoridades gobernantes y en donde se establecieron:1 nuevos principios fundamentales tanto en materia de derechos humanos como en su protección; se reivindicaron los derechos laborales elevándolos a rango constitucional;2 se reestructuró la tenencia de la tierra y los recursos nacionales; se reformó la elección, organización y estructura de los poderes públicos; se reinstaló el municipio como organización política básica, y se establecieron los principios de la política exterior, se puede confirmar como muchos antes lo han señalado que efectivamente se trata de una nueva Constitución, en virtud de haber modificado de manera importante diversas características de los elementos del estado y gobierno de la nación.

C. Del siglo XIX al XX: necesidades políticas, económicas y sociales

Hemos alcanzado los 100 años desde que el Constituyente de 1916 se reunió en Querétaro para redactar una nueva Carta Magna. El bando que sería el triunfador de la llamada “guerra de facciones” de la Revolución Mexicana, el constitucionalista de Venustiano Carranza, convocó en la ciudad de Querétaro a los debates para la redacción de un documento que resultó delineador del México de casi todo el siglo XX. Estas breves páginas tienen por objeto otorgar al lector algunos elementos políticos, económicos y sociales que se generaron a partir de la Constitución de 1857 y que alcanzaron su perfil más definido en los 34 años de gobierno —o influencia, al principio— de Porfirio Díaz. Son pocas páginas las que recogen un esfuerzo de condensación que posiblemente haya dejado de lado algunos elementos importantes del periodo. Entre ellos están las finanzas y el sector bancario, mencionados de manera muy escueta. Sin pretender ofrecer excusas, puedo afirmar que, en el Porfiriato, el mundo de los dineros públicos y privados gozaron de notable salud, máxime si se les compara con las décadas anteriores de guerra civil y desorden. No se trata de castigar el éxito financiero de don Porfirio y otros actores en este trabajo, sino dar por hecho que, a mi entender, no se trataba de una carga que aliviar mediante las leyes; todo lo contrario. Quedó también fuera la Ley de imprenta y las represiones, las guerras indígenas y los incidentes sindicales. Estoy consciente de ello, pero en descargo puedo decir que otros elementos del mundo del trabajo pueden explicar por sí solos la redacción del artículo 123. Después de reflexionar y revisar los trabajos de otros colegas de oficio reconocido, además de la bibliografía sugerida al final del trabajo, acerco al lector un esbozo político, otro en el terreno educativo y un poco más de contexto en materia económica, con sus necesarios efectos en el nivel de bienestar de la sociedad mexicana urbana y agraria del cambio de siglo XIX al XX. En cada apartado se podrá reconocer la antesala histórica de cómo se llegó a la redacción de artículos esenciales de la Constitución de 1917. Con la distancia de 100 años, puede y debe reflexionarse aún más.

La presidencia bajo la Constitución de 1857

La primera vez que Porfirio Díaz contendió por la presidencia de la República fue en 1867. Varón de armas con valor probado y cargos de elección popular en su haber, ex seminarista, hombre de leyes y liberal, amante del Derecho romano y el latín, malo para el discurso y bueno para la acción, tenía 37 de años de edad cuando Benito Juárez lo derrotó. Don Benito repetiría en el “Supremo Poder Ejecutivo” por tercera vez. No quedó muy convencido Porfirio Díaz de los resultados, pero calló. Como Juárez siguiera reeligiéndose y atribuyéndose facultades especiales para limitar al Poder Legislativo, Porfirio Díaz volvió a presentarse como candidato en 1871. Un nuevo contrincante se sumó a esa contienda electoral: Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en español sería “Corte Suprema”, pero las nomenclaturas liberales venían de Washington y Nueva Orleáns…). Juárez, Lerdo y Díaz contendieron y de nuevo ganó el llamado “Benemérito de las Américas”. Don Sebastián y don Porfirio rechazaron el resultado, pero el único que recurrió a la impugnación fue Díaz. Y de las instancias judiciales pasó a las armas, con la Revolución o Plan de la Noria —que así se llamaba la hacienda de Porfirio Díaz al sur de la ciudad de Oaxaca—, respaldado por los hacendados de esa región y por todos los que ya se habían cansado de Benito Juárez en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Después de algunos triunfos y la adhesión de tantas personas pobres a la causa de Porfirio Díaz, cuando las fuerzas de éste alcanzaron la villa de Toluca, comenzaron los reveses, que incluyeron la muerte del hermano del militar, Félix Díaz, hombre antirreligioso y sanguinario que a su vez fue torturado y ejecutado por los juchitecos. Sin embargo, lo que detuvo a Porfirio Díaz no fue un cañón, sino la muerte de Benito Juárez ocurrida el 18 de julio de 1872, víctima de una angina de pecho. De repente, gobierno y alzados cayeron en la cuenta de que ya no había necesidad de pelear, de modo que los rebeldes depusieron las armas, se les otorgó la amnistía y se convocaron nuevas elecciones. Esta vez, Sebastián Lerdo de Tejada se impuso a Porfirio Díaz en la contienda presidencial para el periodo 1872-1876. Derrotado, en mala situación económica y con la muerte de una hija oprimiendo su corazón, Porfirio Díaz y su familia dejaron Oaxaca y se trasladaron a Tlacotalpan, Veracruz. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Lerdo de Tejada hervía por más recursos monetarios, como todo buen presidente decimonónico. Hizo lo que sabía hacer, un nuevo ataque confiscatorio y persecutorio contra la ya expoliada Iglesia católica: la expulsión de las órdenes religiosas. A esto se añadió la reducción de las pensiones de los militares que lucharon contra el Segundo Imperio Mexicano y, cómo no, nuevos impuestos. Lerdo de Tejada, cada vez menos tolerado por el pueblo de México, anunció su deseo de reelegirse. Para Porfirio Díaz, que ya había vuelto a la política como diputado federal, el hecho de que Lerdo de Tejada considerara repetir en el supremo cargo colmó su paciencia. Con un amplio respaldo popular, que incluyó a la misma jerarquía católica entre otros muchos actores sociales, Porfirio Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec y el 10 de enero de 1876 comenzó la última guerra —revuelta, revolución, asonada— del siglo XIX mexicano.

La redacción del Plan de Tuxtepec, tras reconocer como Ley Suprema la Constitución de 1857 —con su acta de Reforma y demás leyes liberales que la antecedieron—, proclamaba en su: “Artículo 2º. Tendrán el mismo carácter de ley suprema la NO REELECCIÓN del Presidente de la República, y gobernadores de los estados, mientras se consigue elevar este principio al rango de reforma constitucional por los medios legales establecidos en la Constitución.”3

Es decir, Porfirio Díaz, que sería reelegido presidente de la República varias ocasiones —previas tres presidencias interinas—, se levantó en armas en 1876, una vez más, por causa de la reelección presidencial. Porfirio Díaz superó en tiempo a Benito Juárez en el poder, el tiempo suficiente para que los años transcurridos entre 1876 y 1911 sean conocidos como el “Porfiriato”. Lo más interesante de todo es que reelegirse tantas veces como se pudiera no era ilegal en la Constitución de 1857, que fue la que rigió la llamada República Restaurada y el Porfiriato. Ambos periodos fueron siempre legales, pero presumiblemente no democráticos. En ningún lugar de la Constitución de 1857 se indica que el presidente no podía ser reelegido, y menos cuántas veces: “(Artículo) 78. El presidente entrará a ejercer sus funciones el primero de diciembre, y durará en su encargo cuatro años”.4

Así, simple y llano. Muy simpáticos y pertinentes son los comentarios del investigador Ferrer Muñoz (1999) sobre el afán en todos los niveles del Poder Ejecutivo de reeligirse. Incluso los mismos Constituyentes de 1857, aún los considerados más “progresistas”, terminaron diciendo que la repetición en el cargo era necesaria. Después de tres decenas de años de reelecciones muy liberales, resulta interesante el comentario de Diódoro Batalla (1911), citado por Ferrer Muñoz: “hay una verdad que arranca de nuestra historia: todo hombre que ha llegado al poder en nuestro país [. ..] difícilmente ha salido de él”; y concluyó, poco después, con mayor seriedad: “la no reelección es una merma al sagrado derecho del sufragio, pero es una merma necesaria, indispensable” (Ferrer Muñoz, 1999). Desde los tiempos de Juárez, los diferentes Constituyentes liberales trataban de explicar lo necesaria que era la reelección de los gobernantes, después de un siglo tan agitado para la nueva nación: la estabilidad, la continuidad de los proyectos, el gobierno fuerte que necesitaba el país, la paz tan escasa.

La reelección era práctica común en los Estados Unidos de América, pero estaba limitada a dos periodos sucesivos. En el México de la Constitución de 1857, no existía freno alguno para que el pueblo continuara eligiendo al gobernante si éste le cumplía. El problema ya no era la repetición en los cargos de elección, sino el fraude electoral, pero ese era otro tema, aparentemente un mal endémico del mexicano que no sabe perder. Por alguna razón será que en la memoria más instruida del siglo XX se decía, en voz queda, que la primera (y única) elección libre de fraudes de la historia de México fue la de Francisco I. Madero. Pero fue asesinado.

Unos 30 años antes de Madero, por vía de las armas y no con legalidad, Porfirio Díaz evitó que Sebastián Lerdo de Tejada repitiera en el cargo y él fue elegido presidente. Por el Plan de Tuxtepec, hubo un breve paréntesis en el que Porfirio Díaz promovió una reforma a la Constitución que evitó que el presidente estuviera en el cargo dos veces sucesivas (5 de mayo de 1878). Ahí gobernó México el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González. Pero en 1887, Porfirio Díaz decidió regresar la Constitución de 1857 a su estado original y eso le permitió cuatro reelecciones sucesivas, con periodos ampliados a seis años cada una. Luego, la presidencia imperial instituida por Benito Juárez regresó a México y así continuó hasta el cambio de siglo, hasta 1911, fecha en que tuvo un receso con la salida de Porfirio Díaz y su familia al destierro en París.

El largo gobierno de Porfirio Díaz ofreció poco juego democrático. Comenzando por la vicepresidencia, poco a poco los gobernadores, alcaldes y los “jefes políticos”, es decir, el Poder Ejecutivo se fue centralizando y todo aquello del federalismo, el municipio y la autonomía se hizo letra muerta. Así, siguió el turno al Congreso, en donde los diputados también eran propuestos desde Palacio Nacional y rara vez llegaban a la curul por sus méritos populares. Y la última fue la Suprema Corte y la judicatura, poco o nada independiente del presidente Porfirio Díaz. Con todos los grillos bien tapados en la olla, con sus pequeños o grandes buches satisfechos, y la Ley de imprenta (1882) o “ley mordaza” para callar disidencias o críticas, comenzó la paz porfiriana, el exitoso combate al bandolerismo, la honestidad aceptable de los funcionarios públicos, la profesionalización de la burocracia y las fuerzas armadas, la inversión, la infraestructura y el comercio. Pero llegó un momento en que la legalidad de las reelecciones en la Constitución de 1857 agotó el modelo político. Cambiar la libre repetición en el Poder Ejecutivo por el “sufragio efectivo, no reelección” tuvo por precio un magnicidio, puñados de asesinatos políticos y una cruenta guerra civil. Quedaría resuelto en la redacción de la Constitución de 1917. Cabe añadir que ya no habría vicepresidentes.

Educación

Antes de la independencia y sin que pueda precisarse la proporción de las personas que sabían leer y escribir, los ilustrados entre la jerarquía católica y los vasallos de Su Majestad, primero, y la Compañía Lancasteriana (1822), después, hicieron esfuerzos para que la población lograra leer y escribir. Aunque hay buenos estudios sobre el tema,5 no es fácil disponer de cifras realistas hasta las que ha recopilado en INEGI y que empiezan en 1895. Curiosamente, el primer recuento fiable se logra porque Porfirio Díaz ya llevaba cerca de 20 años en el poder. Se sabe de los esfuerzos de personajes opuestos ideológicamente, como José María Luis Mora y Lucas Alamán, por ampliar la base de la alfabetización, sin mucho éxito en un país endeudado y en conflicto interno y externo permanente. Si se piensa que la poca escolarización de los niños —y las niñas, en menor grado— estaba mayoritariamente en manos de la jerarquía eclesiástica y las órdenes religiosas, es claro que se produjo un vacío importantísimo en la atención escolar con las desamortizaciones y expulsiones que promovieron los liberales prerreformistas y reformistas. De modo que, mientras en los Estados Unidos de América el alfabetismo en los hombres blancos era de 80% y en los negros, recién liberados, era de 20%, en el año de 1870, en México, 15 años después, en 1895, 82.1% de la población era completamente analfabeta. El pueblo estaba en una gran indefensión por su sola ignorancia. Esa proporción de analfabetas la tenía Europa en la Baja Edad Media, unos diez siglos antes. Francia, en contraste, casi era 90% alfabeta; España era 55% alfabeta, acompañada por Portugal, Italia o Rumania en los mismos niveles. A todas luces, la República Mexicana había fallado en la labor de preparar para la vida a los ciudadanos, máxime si se le comparaba con otras naciones.

Ante este problema, muchos liberales se irritaban contra la existencia de la universidad (cerrada por Gómez Farías en 1833 y abierta en 1900): si 80% de la gente no sabía leer y escribir, menos hacer una sencilla operación matemática, ¿por qué gastar recursos en la enseñanza superior? Les parecía un desperdicio que hubiera aunque fuera una sola universidad, máxime si estaba administrada por los “malos” oficiales, los emisarios del pasado español: la Iglesia. La ausencia de instituciones superiores provocó que las elites culturales tuvieran diferentes niveles de instrucción, entre los que se encontraban la obtención de grado en Europa o los Estados Unidos, a falta de poder hacerlo en el país. Estudiar una profesión en la universidad era un lujo de ricos y poderosos que podían salir del país para hacerlo.

Quien le entró al problema, tardía y desigualmente, pero lo hizo y eso es innegable, fue Porfirio Díaz. Hubo enfrentamientos con caciques y hacendados, incluso con padres de familia, pues los niños, sobre todo los pobres, trabajaban y fue necesaria la fuerza de la ley para que enviaran a sus pequeños a la escuela en lugar de generar ingresos adicionales con ellos. Frente a los poderes regionales y locales —caciques y hacendados— el resultado no fue tan satisfactorio. La Ley de Instrucción Pública vigente era la de 1868, promulgada en vida de Benito Juárez. Los asesores de Díaz lo convencieron fácilmente de profesionalizar la enseñanza, con lo que se fundaron las Escuelas Normales de Profesores (1885) y de Profesoras (1890). Pero más adelante, Joaquín Baranda, del gobierno de Porfirio Díaz, se dedicó a conciliar con la jerarquía católica y con la mucha gente molesta por los ataques que la Iglesia había recibido en todos sus frentes durante la República de Juárez y Lerdo. Todos accedieron en interés de un bien superior. En 1891, fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación que estableció la educación laica, gratuita y obligatoria. El avance educativo fue muy desigual en el país y eso se notaría en la mismísima lucha armada de la Revolución Mexicana, donde los protagonistas fueron los norteños con los profesionistas, vaqueros y rancheros que engrosaron sus filas, mucho más alfabetizados e incluso escolarizados que los mexicanos del sur del país, los cuales no tuvieron una participación significativa en la generalidad de la lucha de facciones de la Revolución Mexicana. Recuérdese que Emiliano Zapata tuvo que echar mano del maestro de una escuela para la redacción del Plan de Ayala, porque él carecía de los conocimientos para ello.

Unos años antes de la revolución, el esfuerzo de Barana, de Justo Sierra, de los positivistas apoyados por el régimen se hizo sentir poco a poco: en 1900 se habían conseguido 4 puntos porcentuales de aumento en el alfabetismo, pasando de 18% a 22%. En 1910, se ganaron 7 puntos porcentuales, hasta 28% de alfabetas con un aumento significativo de la población en un millón de personas. No hay datos posteriores sino hasta 1921, en el que el alfabetismo había alcanzado 33%, siendo que censalmente perdimos en 11 años 500,000 personas (si bien algunos estudiosos hablan del millón de muertos, o el millón “menos” de mexicanos se trató de una pérdida demográfica de 10% por causa de los exiliados y la baja natalidad, que se sumarían a los caídos por las balas, el hambre o las epidemias). Como sea, cuando la Constitución de 1917 se redactó, el problema del analfabetismo y la falta de escolaridad básica era muy grave en México. Se habían interrumpido los esfuerzos y la ignorancia de la gente era lastimosa. La respuesta educativa vendría a ser un contundente proyecto ideológico recogido en el artículo 3º de la Carta Magna, en el que una facción más laicista que laica impuso su proyecto educativo a 98% de personas que no comulgaban con él, o por lo menos no lo entendían. El resultado ideológico y social fue muy exitoso para la familia revolucionaria en el poder durante el siglo XX, pero valorar esa afirmación correspondería a otro estudio que rebasa en objeto de estas breves páginas.

Las nuevas venas del territorio nacional

Es difícil entender el Porfiriato y sus alcances sin valorar el poder de la infraestructura ferroviaria desarrollada en el periodo. Cuando Porfirio Díaz organizó el Plan de Tuxtepec en 1876, había 8,700 km de “carreteras”, de las cuales 4,500 eran de herradura, es decir, sin carreta. Moverse y mover mercaderías era caro, lento e inseguro. La complicada orografía del país, que en tiempos de aguas aislaba poblaciones enteras, las había condenado a los cultivos de subsistencia y a la manufactura artesanal regional. Como en los mejores tiempos del virreinato, las mulas y los arrieros llevaban la voz cantante del movimiento de mercaderías y productos mineros. Por esta misma razón, la monetización era muy baja.

Poco antes del Segundo Imperio Mexicano, se empezó a pensar en los ferrocarriles y la familia Escandón, con crédito de la Iglesia, obtuvo la concesión para construir la línea ferroviaria entre México y Veracruz. Tardó 11 años en concluirse y tenía una longitud de 423 km. Se inauguró en 1873. Porfirio Díaz hizo suya la idea de comunicar a los mexicanos a través de los ferrocarriles desde su primera hora. Al escasear las fuentes de crédito en el país para semejante proyecto, el gobierno de Porfirio Díaz logró interesar a inversionistas ingleses y estadunidenses para que construyeran las líneas. Les ofreció ventajas notables, como exenciones fiscales y cobro de tarifas, pero tuvo la atinada visión de que los inversionistas extranjeros terminarían su ciclo económico de recuperación en algún momento y los ferrocarriles se quedarían en el territorio nacional para siempre, como ocurrió. Durante los cuatro años de gobierno de Manuel González, se construyeron 3,821 km de vías férreas. Ya había comunicación entre Tehuacán y Esperanza, entre México y San Juan del Río. Se formalizaron las concesiones para el Ferrocarril Central, México-Ciudad Juárez, el México-Laredo y el México-Manzanillo. Con Porfirio Díaz de regreso al poder, en 1888 se inaugura el México-San Ángel (tipo tranvía), el Monterrey-Tampico, el México-Tehuacán, el Puebla-Oaxaca. Pareciera que para celebrar los 9,544 km de vías construidos en tan breve tiempo, el Congreso aprobó la reforma constitucional contraria al Plan de Tuxtepec, de reelección indefinida.

Más ferrocarriles siguieron: el México-Tulancingo, el Transísmico, el México-Cuernavaca, el Campeche-Mérida, el Yurécuaro-Zamora, el Culiacán-Mazatlán. Cuando Porfirio Díaz dejó el poder, su legado ferroviario era de 20,000 km. A esto habría que añadir la red telefónica, los trenes eléctricos en la Ciudad de México, en Tacubaya, en Coyoacán. Varias capitales de provincia hicieron lo propio. Cuando hizo su incursión el automóvil, comenzaron las carreteras México-Puebla y México-Toluca (1904).

El territorio nacional se llenó de nuevas y vigorosas venas, venas que hervían con el producto de las minas y de los cultivos extensivos. El ferrocarril permitió que la agricultura se regionalizara, de modo que se sembró lo más adecuado de acuerdo con la geografía y el clima, por ejemplo, caña de azúcar y arroz en Morelos, granos y semillas en el norte, algodón en Veracruz y La Laguna, cebada en el Bajío, frutos en las costas, como los plátanos, café y cacao en Veracruz y el Sureste. Los mercados se llenaron de productos de la tierra de diferentes regiones del país. Los molinos harineros también llegaron como novedades a sitios como Mérida. Otros cultivos de especialidad como la vainilla, el guayule, el chicle y el henequén se movieron por todo el territorio nacional o se lograron embarcar en los puertos saneados de Veracruz, Salina Cruz, Mazatlán, Manzanillo, Tampico y Campeche para su exportación. La obra de Veracruz a cargo del contratista Pearson fue paradigmática y duradera, pues permitió la entrada a México de buques de gran calado.

El gobierno, que organizó la recaudación fiscal y ordenó la administración pública con profesionales, tuvo superávit varios años. Gracias a esos recursos, se dio el lujo de comprar, en la bolsa de valores, las acciones de algunas empresas dueñas de los ferrocarriles. Un proceso de estatización y nacionalización sin precedentes, que dio la titularidad de los ferrocarriles a la nación (1903-1907).

A la red de comunicaciones se añadió la incorporación de tecnologías de punta en varios ramos no explorados antes en México. La minería y la metalurgia florecieron con niveles de producción inimaginables. La accesibilidad proporcionada por los ferrocarriles fomentó la exploración y con ello el hallazgo de nuevos e insospechados fundos. México empezó a explotar lo que no sabía que tenía: cobre, plomo, zinc y carbón. Y comenzó a procesarlo, con dos fundidoras de capital nacional (Monterrey y Torreón), además de las de inversionistas estadunidenses como ASARCO. Antes del Porfiriato, la minería tenía métodos de beneficio del virreinato temprano y se concentraba en los metales preciosos, oro y plata, movidos por arrieros en mulas. La entrada de la energía eléctrica en los minerales y el proceso de cianurización, provocó una verdadera explosión de bonanza minera con metales de uso industrial, además de la plata. La población emigró igualmente en ferrocarril a nuevos centros de trabajo, generando un cambio demográfico estructural en algunas zonas. Los obreros mineros fueron los mejor pagados del país y gozaban de beneficios que tampoco tenían precedente, como colonias habitacionales mineras.

La tecnología también llegó a la industria textil, especialmente en la zona de Puebla. Con los ferrocarriles, los fabricantes podían incluso comprar a diferentes productores de algodón en La Laguna o en Veracruz, abaratando sus costos de producción. Sin embargo, observadores extranjeros hacían ver que las fábricas mexicanas estaban subutilizadas, pues disponían de maquinarias que no desquitaban su costo y además había que traer al país al técnico o ingeniero extranjero que sabía montarlas, mantenerlas o repararlas. Conseguir refacciones podía ser dificultoso, pero de ninguna manera como lo habría sido sin los ferrocarriles. No obstante, con ese y otros defectos que se verán en el apartado del trabajo, las textileras mexicanas expulsaron del mercado nacional a los textiles extranjeros, satisfaciendo plenamente la demanda de manta de algodón y cobijas. Todas estas mercaderías se movieron por el territorio nacional, como resulta obvio, por la red ferroviaria.

Monterrey se convirtió en un polo industrial. A la fundidora, cuyos aceros formaron parte del desarrollo de infraestructura en México, hay que añadir el vidrio y la cerveza. La cebada del Bajío fluía sin problemas a la Cervecería Cuauhtémoc (1890), lo mismo que los silicatos a Vitro (1909), todo ello con la más alta tecnología. Otro éxito industrial de Monterrey fue Cementos Hidalgo (1906), actualmente CEMEX. En realidad, el pionero del cemento industrial en México, que en Jasso (Hidalgo) levantó Cementos Cruz Azul (1881), fue el inglés Henry Gibson. En Hidalgo, había yacimientos de minerales calizos de buena ley y se tenía la estación de ferrocarril “Tolteca”. Gibson tuvo más socios, como el también inglés Watson y el empresario mexicano Fernando Pimentel y Fagoaga. Cuando las elites de Monterrey decidieron entrar al ramo, los ferrocarriles acercaron la materia prima necesaria.

Cabe añadir que los miembros de las familias industriales de México educaban a sus herederos en universidades del extranjero, en ingeniería, minería, finanzas, y esto influyó en que estas empresas nacieran como potencias industriales, pues tuvieron desde su inicio conocimiento de las novedades tecnológicas. Los cementos mexicanos cambiaron los materiales para la arquitectura urbana y rural, pues poco a poco se sustituyó la piedra y el adobe. (El paisaje rural ha ido cambiando y las viviendas del campo exhiben monoblocks y varillas en lugar de adobe y tejas desde hace muchos años.)

Un tercer sistema arterial que se añade a los ferrocarriles y la tecnología fue el crédito. Todos los proyectos que aquí se mencionan y los que por brevedad se han omitido no habrían podido desarrollarse sin la existencia de un sistema bancario fuerte. Haber conseguido esto fue un mérito innegable de Porfirio Díaz y su gabinete. El Banco Nacional de México (1884), de propiedad extranjera, lideró el desarrollo bancario en el Porfiriato (si bien el Banco de Londres y México lo había precedido). Por brevedad, sólo mencionaré que la activación del crédito para nuevos proyectos industriales y agrarios cambiaría la macroeconomía del rezago a la bonanza.

El desarrollo de la economía y el crecimiento del PIB nacional a una tasa anual promedio de 3.1% haría pensar que esa riqueza sin precedentes trajo beneficios para todos. No fue así: la desigualdad y la concentración de los bienes de producción y sus beneficios en muy pocas manos puso en el horizonte de muchos mexicanos un panorama sin esperanza. Los ferrocarriles del desarrollo terminarían siendo utilizados, también, para movilizar tropas de una guerra civil. La respuesta de la Constitución de 1917 a la desigualdad se centraría en dos artículos: el 27 y el 123.

La noción de propiedad y sus efectos

Qué se entiende por “poseer” un bien material, un bien inmueble, un bien de producción, hace una enorme diferencia en el devenir económico, político y social de los pueblos. La noción de propiedad de los Reyes Católicos se acomodó bastante bien en los arreglos de tenencia y uso de la tierra de Mesoamérica, con sus tierras para los nobles, para la casta sacerdotal, para la milicia, para los gobernantes y para los macehuales. Las redes comerciales y el trueque estaba bien organizado, de modo que los excedentes agrícolas se intercambiaban por otros productos de manufactura artesanal o de otras regiones, como los productos marinos o los boscosos. El servicio personal para trabajar las tierras de los poderosos y el arbitraje absoluto del tlatoani fue comprendido sin problema alguno por Hernán Cortés, por la Audiencia y por el virrey.

Descabezada la nobleza indígena y enviadas las más notables de sus hijas a la Corte española, en donde hicieron una nueva y regalada vida, en la Nueva España se organizó —rápida y a veces violentamente— un cambio de señores dueños de la tierra y del trabajo de la gente, en el que los conquistadores se convirtieron en encomenderos, desarticulando los arreglos de la servidumbre ancestral de los pueblos, pero no el concepto. Atendidos los abusos y crueldades de la primera hora colonial en su contra, los indígenas conservaron —y defendieron del avance español— sus tierras y aguas comunales durante tres siglos. La desaparecida casta sacerdotal indígena fue sustituida en la estructura propietaria por el clero regular y secular, que también tuvo tierras y haciendas y servicio indígena para su cultivo y cuidado. También por las misiones, desde Chiapas hasta la Alta California. Y luego pervivieron dos tipos de caciques: los indígenas sobrevivientes y alineados al nuevo reino, y los españoles, que se harían hacendados grandes, medianos y pequeños según su suerte y habilidad.

La tenencia de la tierra —o de las minas— dependía de una “merced”, un otorgamiento, una concesión usufructuaria en muchos casos, que venía de los monarcas católicos. El rey era la autoridad legítima que detentaba el poder de Dios en la Tierra para asignar los recursos de su creación; el monarca tenía la responsabilidad de velar por que los frutos de ese acto providente que es la creación alcanzaran a todos los súbditos. En el catolicismo, la propiedad privada es un derecho natural secundario, que está supeditado al bien común. La figura de la expropiación está prevista y tiene un carácter distributivo, correctivo y moral. En cambio, en el protestantismo la propiedad privada es un derecho natural primario. Incluye el subsuelo y es muy difícil de perder. Tampoco se la puede limitar en extensión. Con la Constitución de 1857 entró el liberalismo escocés en México, es decir, entró el protestantismo económico a través de la ley.

Las estructuras paternalistas de tipo feudal y que eran moneda común en el virreinato y en el México independiente (la propiedad del trabajo del vasallo por parte del señor y la protección del señor hacia su siervo), todo eso se había borrado con los actores económicos de Adam Smith —tierra, capital, trabajo— y antes aún con Locke, en el Reino Unido. En el capitalismo no hay vasallos, hay trabajadores libres que venden su trabajo al mayor postor y no dependen del señor; ni éste cuida del jornalero en tiempos de escasez o amenaza. Si bien los primeros 80 años del capitalismo salvaje en el Reino Unido propiciaron enriquecimientos desquiciantes en los capitalistas y abusos neo esclavistas sobre los jornaleros, el sistema se estabilizó, la democracia y el sindicalismo defendieron eficazmente al obrero, y las leyes de mercado, la competencia y el comercio libre provocaron un despegue económico y de bienestar general, desconocido en el mundo. Con 100 años de retraso, a través de la Constitución de 1857, llegó a México el capitalismo teórico.

El artículo 27 de la Constitución liberal fue la herramienta que demolió la propiedad eclesial —que para ese tiempo ya era mayoritariamente urbana— y gran parte de la comunal de los indígenas, como se ha dicho ya. Coinciden los estudiosos en decir que el “indígena” pasó a ser “campesino”. Cuando Porfirio Díaz tomó el poder, 80% de los habitantes de México eran rurales. En 1910, la vida urbana había ganado 10% de la proporción, es decir aunque mayoritariamente agrario, entonces ya era 70%. Antes de Benito Juárez, el campo era mayoritariamente indígena. Ser “indígena” es más que una cuestión racial: es tener usos y costumbres, hablar otra lengua, reunirse en cofradías, respetar autoridades internas, hacer festividades propias y usufructuar tierras y aguas comunales. Exactamente lo que Jefferson llamaría “intereses vetustos”. Sólo que en México no ocurrió la “democracia agraria” de Thomas Jefferson, ni hubo campesinos propietarios prósperos.

Algunos indígenas entendieron la nueva lógica y aprendieron a individualizar sus tierras, sin que esto supusiera que en todos los casos las conservaran. No entendían de créditos y la rapiña de los prestamistas desplumó a muchas familias. Otras no, y hasta prosperaron con cultivos exóticos, como la vainilla. No obstante, el desplazamiento de los nuevos campesinos sin tierra hacia el norte del país y hacia las plazas industriales fueron algunos de los efectos estructurales y demográficos del artículo 27 de la Constitución de 1857. Efectos que siguen revisándose, porque los investigadores tienden cada vez más a regionalizar el fenómeno, siendo que en el sureste se conservó hasta 40% de las tierras comunales de los indígenas, mientras que en estados como Zacatecas quedaron reducidas al mínimo.

Era interés de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada aumentar la superficie cultivable del país y en ese sentido habían producido leyes reglamentarias del artículo 27. Porfirio Díaz hizo posible un aumento sustancial de la superficie cultivable. Mucho más exitoso para la productividad nacional que dejar pueblos sin tierras fue el deslinde de los llamados “terrenos baldíos” o de “propiedad nacional”. A lo largo de 32 años, Porfirio Díaz enajenó 50 millones de hectáreas (500,000 km2), que según algunos autores correspondería a 26% de la superficie total agraria del país (Wilkie y Hammond, 1998). Las más beneficiadas fueron las compañías deslindadoras, que iniciaron la agricultura industrial en México. Estas empresas eran extranjeras, como por ejemplo la Continental Rubber que explotaba la cactácea mexicana guayule en el norte de México y producía neumáticos y bandas de hule para la industria, o mexicanas, como el caso de García Izcabalceta Hermanos, que llegó a tener 64,000 hectáreas sembradas con la variedad cubana de la caña de azúcar, repartidas en tres haciendas en el estado de Morelos, un canal de riego de 60 km de largo desde Agua Hedionda, Cuautla, hasta sus haciendas, y tecnología de punta en la refinación de caña de azúcar para sus diversos productos (azúcar, melazas y aguardientes).6

Como ya se ha dicho, el cultivo extensivo, el riego y la mecanización, los abonos y el crédito que permitió todo esto hicieron explotar la obtención de una gran variedad de productos agrícolas, desde el chicle o el algodón hasta la cebada. Con todo, existe un debate sobre la suficiencia alimentaria del país en el periodo. A pesar del crédito, de la tecnología agrícola y de los ferrocarriles, aparentemente los granos y leguminosas básicos del sustento popular (maíz y frijol) no alcanzaban para una población creciente. En 1907, se tenía que importar maíz. Este tema merece estudios de mayor profundidad, pero creo que ha sido importante dejarlo a la reflexión del lector: ¿por qué con semejante desarrollo no se consiguió la suficiencia alimentaria?

Finalmente, todos los investigadores coincidimos en la concentración de la tierra en pocas manos para este periodo, pero a veces no es tan fácil ofrecer cifras que avalen esta afirmación. Me parece que el INEGI puede ayudar al lector a darse una idea del fenómeno agrario de México a través del tiempo y así no caer en la repetición de frases hechas, que luego pueden resultar hasta falsas. Si miramos la admirable recopilación “Estadísticas históricas de México”, encontraremos que, entre 1900 y 1904, se tiene el primer registro fiable de personas o empresas que fueron dotadas con tierras: 11,738 beneficiarios. Es decir, de 10 millones de habitantes, de los cuales 7 millones habitaban en el campo, sólo 1.2% recibió tierras de ese 26% de superficie agraria, producto de deslindes de baldíos. Si guardamos esa proporción y la llevamos a la totalidad de la superficie cultivable del país, podemos pensar que de esos 7 millones de habitantes rurales, sólo 84,000 eran propietarios. Este ejercicio es casi simplista y debe ser mejorado; por ejemplo, si entre un 10%-40% de la población rural fue propietaria, ¿eso hablaría de una gran inequidad en la posesión de la tierra?

Veamos otras fuentes, como la información y las reflexiones ofrecidas por Jean Meyer (1986), que contabiliza a los pequeños propietarios —algunos con menos de una hectárea— en unos 600,000 sólo en el estado de Morelos. ¡Una hectárea! Podríamos pensar en la gran diferencia con las 100,000 hectáreas de la familia Creel Terrazas en Chihuahua. Es engañoso, pues 1,000 hectáreas de desierto podrían valer menos que una y media en Morelos, con la riqueza mineral de la tierra, sus muchos centímetros de humus, precipitación pluvial, etc., que la sola hectárea morelense contiene. Valorados aunque sea de manera breve estos matices, y pensando en que hay que afinar la lectura de los censos y otras fuentes poco exploradas, es plausible afirmar que la concentración de la riqueza agraria, más que de la “tierra”, sí estaba en pocas manos. Hay que volver a los censos y hacer ejercicios de “regionalización” del reparto agrario porfiriano.7

Esto no habría sido tan grave ni habría generado el nivel de violencia que se alcanzó en la Revolución Mexicana, si las condiciones laborales de los campesinos no los hubieran reducido en tantos casos a niveles de subsistencia. Finalmente, lo importante no habría sido que todos tuvieran “tierra”, sino un patrimonio y seguridad. Eso en definitiva no se alcanzó para todos. Eso fue un fracaso de la política agraria.

Trabajo y trabajadores

La idea liberal del trabajo y el trabajador era la del capitalismo: un mercado laboral libre, con movilidad, no coercitivo y sin proteccionismos, en el que los salarios se ajustarían conforme a la ley de la oferta y la demanda, y la capacidad de consumo de esos mismos trabajadores en el mercado interno. El mecanismo traería el bienestar para todos, en congruencia con la teoría de la “mano invisible”. No ocurrió así en México: la meta del trabajo libre y bien remunerado fracasó en casi todo el territorio nacional. Los usos y costumbres muy arraigados los cacicazgos, que también vinieron a practicar los hacendados e industriales, dotaron a muchos patrones de grandes y abusivas ventajas. Dicho de un modo sencillo: para mala fortuna del asalariado, sobre todo en el campo, se unieron los defectos del viejo y del nuevo régimen, sin ninguna ventaja: dependencia total del trabajador y falta de reciprocidad por parte del patrón.

La literatura, las artes plásticas, las historietas, los corridos y el cine se han ocupado de narrar las condiciones de los trabajadores agrícolas y rurales durante el Porfiriato. Todo esto forma parte de la retórica que habla del oprimido alzado, generador de la Revolución Mexicana, discurso encaminado a hacer propaganda de los logros agrarios de la Constitución de 1917, en especial los de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Sin embargo, la historia puede ser más precisa, al localizar a los agentes que detonaron el movimiento en 1910 y en 1913 dentro de la burguesía, incluso dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como actores en demanda de una mayor participación política, no agraria. No obstante, quienes respondieron al llamado al cambio político no fueron los hacendados, ni siquiera los burócratas, sino los pequeños propietarios y rancheros y las personas que dependían de un salario escaso para sobrevivir. El artículo 123 de la Constitución de 1917 refleja cuáles eran esos reclamos sociales y por qué urgía que fueran atendidos.

Por no abrumar al lector, simplemente traeré la información que ya forma parte de los textos más aceptados. En general, en la industria no existía legislación laboral: había jornadas de 12 a 14 horas, trabajo infantil indiscriminado, despidos injustificados sin gratificación, ausencia de cualquier protección en caso de accidente laboral, embarazo o maternidad. Es decir, exactamente igual que en los abusivos talleres de Manchester durante la primera Revolución industrial, sólo que más de 100 años después. Pero, como en todo, habría que precisar y dar matiz a este panorama. Hubo toda clase de patrones, y aquí hay que señalar dos factores que no han sido suficientemente reconocidos y que movieron a la solidaridad y justicia a grupos de empleadores: la libertad de asociación obrera y su combatividad y los reclamos constantes de la Iglesia católica a favor de los trabajadores y campesinos, que casi no fueron escuchados. Veamos qué decían los católicos participativos —clero y laicos— de la situación del jornalero:

“Los primeros en manifestarse fueron ciertos sectores católicos, influidos por las renovadoras ideas en materia social sostenidas por el Vaticano desde 1891, cuando proclamó la encíclica Rerum Novarum, que pretendía ofrecer una solución cristiana a los conflictos sociales […] la crítica sociopolítica, luego de aquella encíclica, pensada para el mundo industrial europeo, fue adaptada por los católicos mexicanos a su entorno, abrumadoramente rural. Aunque defendían la propiedad privada como un derecho natural, comenzaron a protestar por la excesiva concentración de la propiedad agraria, así como las condiciones laborales imperantes en la mayoría de las haciendas mexicanas. De los reclamos contra la situación agraria, los católicos pasaron a censurar el caciquismo y la falta de democracia […] El impacto sociopolítico de tales cuestionamientos, aunque moderados, no debe ser minimizado” [Garciadiego, 2004, p. 226].

Para el campo vuelvo a repetir lo que dice la generalidad de los autores: la realidad se explicaba por esquemas de peonaje atrapado en sistemas de “enganche” o endeudamiento heredable, como las tiendas de raya. Había jornadas de sol a sol, trabajo infantil, ninguna protección legal en caso de accidentes o mordeduras de arañas, serpientes, etc., mujeres desamparadas en la viudez, huérfanos explotados. Pero, lo mismo que con la industria, se puede decir que hubo de todo, haciendas que tenían a los peones en niveles de esclavitud y haciendas que contaban con un esquema laboral moderno y reglamentado, comida pagada por el patrón a medio día —de aquí surgió la figura del tlacualero—, incluso viviendas y cierta profilaxis y atención médica.

La hacienda era una unidad compleja: había los que vivían en la hacienda, peones acasillados, obreros calificados, empleados de confianza, artesanos, vaqueros, todos con sus familias adentro. Luego interactuaban otras personas, como los medieros, los arrendatarios, los arrimados. Además, había vecinos comuneros y pequeños propietarios que tenían con la hacienda arreglos de uso de aguas, bosques, etc.; incluso los “golondrinos”, que se acercaban para trabajos estacionales. La historia oficial ha echado un velo sobre una unidad social tan compleja como la hacienda, en donde se articulaba toda la vida de una comunidad: las festividades de los santos patronos, los rituales, los entierros, etc. Cabe anotar que el sureste, que estaba en este esquema, no se unió a la causa constitucionalista. He comentado que era la zona menos alfabetizada del país; ahora hay que añadir que habría peones y sus familias que no estaban a disgusto en la hacienda.

Se ha hecho un breve comentario sobre la existencia de un abanico de posibilidades para las condiciones laborales agrarias e industriales. Pero creo que esta última reflexión, que realizó Javier Garciadiego (2004), confirma la conclusión de que, en general, las condiciones del trabajador eran malas o muy malas y eso fue atendido por la Constitución de 1917.

Conclusión: El cansancio de la experiencia mexicana del liberalismo del siglo XIX

Ese maravilloso artista plástico que fue José María Velasco (1840-1912) nos ha dejado paisajes luminosos de los tiempos más convulsionados del siglo XIX y de la paz porfiriana. Cada óleo es más bello que el anterior. Ahí admiramos los volcanes, el Pico de Orizaba, el ferrocarril abriéndose paso en las cadenas montañosas, el oleaje de Veracruz, las pirámides de Teotihuacán, el castillo de Chapultepec, la catedral de Oaxaca, los campos de maíz, las mujeres del pueblo lavando ropa en un riachuelo de San Ángel. El cielo es limpio, las nubes juegan en él. Todos quisiéramos estar ahí, en ese México amable, rebosante de luz y belleza. Pero entonces miramos los trabajos de otro artista, José Guadalupe Posada (1852-1913), los del humor para hacer denuncia y criticar la modernidad porfiriana. Todas y todos los mexicanos de los grabados son calacas: ¿estaban muertos o no le temían a la muerte? ¿estaban en peligro de muerte?

Tras una mirada desapasionada del Porfiriato, se puede afirmar que este periodo fue un tránsito incompleto hacia la modernidad plena. La desigualdad rebasó los alcances de un modelo que quizá, con ciertos correctivos de la avaricia de los capitalistas —como ocurrió en el Reino Unido— y con ciertas libertades políticas, habría movido a México a lugares no conocidos de bienestar común. Pero no lo sabemos. Lo que sí se sabe es que al finalizar el periodo y antes del Plan de San Luis (1910) de Madero, en 1908 vinieron algunas reformas por causa de la crisis mundial y de las malas cosechas que afectaron al país. Ahí, a propósito de las minas, que eran malas para pagar impuestos y se resistían al “timbre”, Porfirio Díaz realizó una modificación muy importante a la ley minera: se reintrodujo el mecanismo de denuncio colonial y se incluyó la fórmula “dominio directo” de la nación sobre la propiedad. Como señala Sandra Kuntz (2010, p. 336), el alcance de este concepto llega hasta hoy y me atrevo decir que delineó la entraña agraria de México en el siglo XX.

Se dice que se ha superado la discusión sobre si el concepto de “propiedad originaria” era una versión secularizada y desacralizada de la noción de propiedad de los Reyes Católicos. Muchos afirman que la noción es completamente novedosa, original y de avanzada. Quizá. Sin embargo, revisando la compra de los ferrocarriles por parte del Estado mexicano, la ley minera y otros actos de esfuerzo de una mayor soberanía económica, no puedo dejar de pensar que quizá Porfirio Díaz echó una mirada al pasado para revitalizar y mejorar la versión agotada de la experiencia capitalista mexicana. No le dio tiempo. El esfuerzo lo haría el Constituyente de 1916-1917.


1 Para el análisis de las diferencias entre la Constitución de 1857 y la de 1917, véase José Woldenberg, “La concepción sobre la democracia en el Congreso Constituyente de 1916-1917 con relación al de 1856-1917”.

2 Andrés Garrido del Toral señala que si bien la Constitución de 1917 no fue la primera en prever los derechos sociales a rango constitucional, sí fue la primera en desarrollarlos de manera amplia y profunda, tanto para trabajadores como para campesinos e indígenas (Garrido del Toral, 2015, pp. 183-184).

3 Véase el texto del Plan de Tuxtepec en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/TUXTEPEC.pdf>.

4 Texto de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en <http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf>.

5 Un clásico es el trabajo de Milada Bazant, 2000.

6 Aunque en este último caso los hacendados se hicieron también con algunas tierras de los pueblos y provocaron que el mismo Emiliano Zapata quemara Santa Clara de Montefalco y otras haciendas, arruinando para siempre la producción de un estado azucarero que superaba a Puerto Rico en volumen y calidad de producción.

7 Utilizo la palabra “reparto”, porque se puede repartir de muchas maneras. En el Porfiriato hubo una organización de la propiedad. Que no haya sido equitativo, es otro tema.